(Pulso) El pasado 9 de junio se llevó a cabo una Inspección Personal del Tribunal en la Bolsa Electrónica, como parte de la arista civil del Caso Cascada, en la cual LarrainVial busca revocar la sanción impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros. La cita fue liderada por la titular del 29° Juzgado Civil de Santiago, Cecilia Morales.
En la ocasión, ocurre un diálogo que resulta pieza clave para los abogados defensores de los ejecutivos sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), entre ellos el controlador de SQM, Julio Ponce, y el socio de LarrainVial, Leonidas Vial.
Durante la inspección, los presentes se refirieron específicamente al remate de acciones de Pampa Calichera del 23 de septiembre de 2010, operación sancionada por la SVS en el Caso Cascada. En ese contexto el acta consigna que “don Carlos Alvarado (analista financiero) por la Superintendencia de Valores y Seguros, señala que en las operaciones sancionadas se afectaron o perjudicaron a minoritarios, sin embargo, y pese a la aclaración que el Tribunal solicita se efectúe, no da un ejemplo de ello, ni la forma en que esto habría ocurrido, haciendo alusión al contexto completo de las operaciones y al aumento del valor del libro de la acción de esa empresa”.
Más aún. Dicha afirmación es negada por el representante de LarrainVial, José Miguel Barros, quien señala que no se reconoció utilidad por efecto de las operaciones de los días 23 y 24 de diciembre de 2010.
“Esta magistrado, entonces, insiste en la pregunta a don Carlos Alvarado de la Superintendencia en el sentido que indicara si se perjudicó a los accionistas minoritarios. Responde que al no haber utilidad no se pudo perjudicar a éstos, pero que el principal perjuicio es por la reputación de las compañías”, añade el acta de la diligencia que fuera solicitada por los abogados Salvador Vial y Marcelo Giovanezzi, del estudio Alcaíno.
AFP Habitat y Moneda presentaron demandas indemnizatorias contra los principales involucrados que fueron sancionados por la SVS. Los recursos buscan una reparación por las eventuales pérdidas que se habrían generado producto del esquema que reveló la superintendencia, y que terminó con multas que superan en conjunto los US$160 millones.
No obstante, las defensas de los involucrados han rechazado las demandas y -según fuentes- la nueva declaración del representante de la SVS sería una herramienta fundamental para los abogados de los ejecutivos y directivos sancionados.