(El Mercurio) A fines de los años noventa, tres provincias de Canadá -Quebec, British Columbia y Ontario- contaban con la prohibición absoluta de reemplazo en huelga.
Esto generó que distintos investigadores estudiaran años después los efectos de esta política pública, en las provincias que siguieron este camino y las que no. Los resultados fueron categóricos: la frecuencia y duración de las huelgas aumentó, pero además otros análisis revelaron impactos directos en el empleo, debido principalmente a la caída relativa en el crecimiento de la inversión y la adopción de tecnologías más intensivas en capital.
Las estimaciones disponibles sugieren que la proporción de personas ocupadas cayó hasta en 1,27 puntos porcentuales, coeficiente que si se aplicara a la realidad chilena del año 2014, habría implicado la pérdida 180 mil puestos de trabajo asalariado.
Así lo muestra el informe «puntos de referencia» del Centro de Estudios Públicos (CEP), documento que será hoy publicado.
La caída en el empleo «no se daría de golpe», explica el director del CEP, Harald Beyer, quien precisa que a medida que las empresas van adaptándose al cambio legal, se van generando las desvinculaciones.
«Esta evidencia sugiere que medidas como la prohibición de reemplazo u otras que en apariencia fortalecen el poder de los trabajadores y les permitirían defender una redistribución de ingresos desde el capital al trabajo pueden terminar dejándolos en peor posición», advierte el reporte.
Beyer agrega que la experiencia de los países de la OCDE sugiere que los empleadores tienen distintas alternativas para reemplazar trabajadores. Incluso, Finlandia, por ejemplo, permite hasta trabajadores de agencias temporarias. Los países que tienen prohibición absoluta o muy restrictiva, según la revisión del CEP, son pocos: Bélgica, Corea, España, Grecia, Hungría, México y Portugal. Los demás la permiten en distintos grados.