(La Tercera) Un abanico de materias quedará sujeto a acuerdos entre sindicatos y empleadores una vez que se apruebe la reforma laboral que el gobierno envió al Congreso la semana pasada.
Una de ellas, será la definición de los servicios mínimos cuyo funcionamiento deberá garantizar el sindicato en caso de huelga. Esto, debido a la prohibición que tendrán los empleadores de reemplazar trabajadores en dichas circunstancias.
Sin embargo, el gobierno se prepara para el escenario de que ambas partes no logren un punto de encuentro -sobre todo durante los primeros meses de implementación de la reforma- y deban recurrir a la Dirección del Trabajo (DT) para que resuelva la disyuntiva.
Por eso, en el informe financiero de la reforma el Ejecutivo consideró $ 1.800 millones -cerca de US$ 2,93 millones y casi la mitad del costo fiscal que implicará la nueva ley- para calificar servicios mínimos.
Así, y antes de recibir cualquier solicitud, el gobierno encargará estudios para cada uno de los 60 subsectores económicos que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informa a la división de estadísticas de la ONU, de acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme.
“Es importante anticiparse, porque vamos a tener solicitudes de equipos de emergencia en diversos sectores. Estos estudios pretenden conocer las características de los sectores, sus procesos productivos, cuáles son dentro de esos procesos las funciones críticas y tener todos estos antecedentes para cuando empiecen a llegar los casos concretos”, explicó el subdirector del Trabajo, Rafael Pereira.
Junto a ello precisó que los estudios se licitarán a “entidades especializadas”.
Caso a caso
Además de dichos análisis sectoriales, cuando las empresas acudan a la DT, ésta examinará su realidad particular.
“Cuando la Dirección tenga que pronunciarse en un caso, tendrá que conocer específicamente la realidad de cada compañía. Los estudios sobre los sectores van a ser un insumo, pero es muy posible que para el caso particular haya que requerir otros informes a organismos públicos o privados”, puntualizó Pereira.
De acuerdo al proyecto, para determinar los servicios mínimos se deberán tomar en cuenta “los requerimientos vinculados al tamaño, especificidad y características de la empresa de que se trate”.
Fernando Arab, ex subsecretario del Trabajo de la administración Piñera, considera que la medida deja entrever que “el gobierno ya está dando por hecho que es probable que no exista acuerdo entre sindicatos y empresas sobre qué son los servicios mínimos”. Junto a ello, critica los plazos asignados para que la DT resuelva. Asegura que son “irracionales” y que llevarán a que las empresas tengan problemas de producción en caso de ir a huelga.
La Inspección del Trabajo -dependiente de la DT- tendrá 30 días para pronunciarse, a contar del requerimiento de la empresa. Si éste se origina una vez iniciada la negociación, la institución tendrá solo 10 días para dar a conocer su parecer. Sin embargo, para Arab este procedimiento no debería extenderse más allá de 48 horas.
Previo a la decisión, la Inspección podrá recibir a las partes en audiencia o realizar una fiscalización para obtener una mejor resolución. En caso de sindicatos que negocien por primera vez, la audiencia y la fiscalización serán trámites obligatorios.
La resolución final será reclamable ante un tribunal del trabajo dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Fernando Villalobos, ex asesor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que el proyecto incentiva a los sindicatos a no alcanzar acuerdos, por lo que debería establecer “una regla de descarte” que asegure el funcionamiento de la firma mientras se definen los servicios mínimos. Opina que también se debería incluir una norma que proteja de eventuales represalias a los trabajadores que compongan los equipos de emergencia.
Junto a ello, estima que para determinar estos servicios se podría considerar la opinión de los usuarios y “no solo un interés particular o clasificaciones genéricas”.
Arab agrega que tal como están en el proyecto, los servicios mínimos solo evitarán que la firma sufra daños graves e irreparables. “Es un engaño decir que con estos servicios las empresas van a seguir operando”, dice el abogado.
La discusión de la reforma continuará este lunes en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Según el cronograma establecido por la instancia, los primeros invitados a audiencias serían la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Ayer, sin embargo, la CUT rechazó la invitación (ver recuadro).
La molestia de la CUT
Eran los primeros invitados al proceso de audiencias de la reforma laboral, pero decidieron no ir. Este lunes, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) asistiría a la comisión de Trabajo de la C. de Diputados, al igual que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Ayer, la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, anunció que no asistirán. ¿El argumento? Ciertos puntos de la iniciativa no coincidirían con el sentido del mensaje de la Presidenta Bachelet.
Algunas de las materias que causaron molestia en la organización son el período de 12 meses que tardará en entrar en vigencia la reforma laboral, el piso mínimo sin reajuste por IPC y la “excesiva limitación del Estado en los procesos de negociación, lo que resta autonomía a la contraparte para poder hacer un proceso de negociación”.