(El País) El Gobierno boliviano no ha logrado restablecer el diálogo y, menos, convencer a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) que suspenda el cierre de carreteras en cuatro departamentos, tras una primera jornada de violencia que ha dejado dos mineros muertos, más de medio centenar de policías heridos y un número no determinado de efectivos aparentemente retenidos como rehenes de los mineros.
El Gobierno y la Asamblea Legislativa anunciaron este martes temprano la decisión de postergar la consideración del proyecto de ley de minería y metalurgia en el Senado hasta lograr un nuevo consenso con los dirigentes de las cooperativas mineras, aliadas importantes del presidente Evo Morales. El máximo ejecutivo de FENCOMIN, Alejandro Santos, ha declarado que no se trata de postergar el tratamiento del proyecto, sino de reponer el texto original que los cooperativistas mineros entregaron al presidente Morales. En tanto, no va a deponerse ninguna medida de presión, dijo Santos “y cualquier intento de levantar los bloqueos vamos a considerarlo como una provocación a los cooperativistas”.
Pese al inicial pedido de Morales a la Asamblea Legislativa para aprobar sin cambios el proyecto de ley —que fue negociado durante tres años—, en la Cámara de Diputados se introdujeron varias modificaciones con el fin de adecuar el texto a las normas de la Constitución, entre ellas dos artículos que causaron no sólo el enojo de los cooperativistas sino la ruptura del diálogo y el comienzo de las medidas de presión: cerco al Parlamento y bloqueos de carreteras y caminos en el país. El texto pasó al Senado, donde este martes ha quedado postergado en su tratamiento.
La Policía ha llevado la peor parte durante los enfrentamientos con los cooperativistas mineros, el lunes, en la carretera principal que une el este con el oeste boliviano. Llegaron a despejar los caminos pero no llevaron el equipo de resguardo suficiente ni tampoco arma alguna, según las declaraciones de los efectivos heridos cuando ingresaban a los centros médicos de Cochabamba y La Paz. El ministro del Interior, Carlos Romero, ha informado este martes de que alrededor de 88 efectivos policiales sufrieron heridas por piedra, detonación de dinamita y contusiones.
Romero ha confirmado también la muerte de dos mineros durante las violentas acciones en la cumbre de Sayari, el punto más alto en la carretera que une Cochabamba con Oruro y La Paz. Allí, unos tres mil cooperativistas —según los dirigentes mineros— tomaron las alturas y lanzaban piedras enormes y cartuchos de dinamita hacia abajo contra los policías que pugnaban por despejar la carretera.
Los policías —algunos de los que llegaron con sus uniformes rotos por que fueron zarandeados y golpeados por los mineros— fueron ingresados en la Caja del Seguro Social de Cochabamba. Otros 25 policías heridos llegaron a centros médicos de la sede de Gobierno. Tres efectivos se encuentran como rehenes en el distrito minero de Kami, ingresados en un centro médico aparentemente para curarse de la paliza que sufrieron en manos de sus captores. Oyentes de la radio Erbol lograron comunicarse con la emisora desde Vizcachani, en el altiplano cerca a La Paz, para denunciar que centenares de pasajeros se encuentran desamparados frente a los atropellos de los cooperativistas mineros. Uno de ellos informó de que vieron una pira que consumía los uniformes de los policías, dos motocicletas y una camioneta oficiales y, a un grupo de personas sin ropa —supuestamente de la Policía— atados con sogas y a quienes les impidieron socorrer.
Los dirigentes de las cooperativas mineras responsabilizaron públicamente al ministro Romero de la conflictiva situación y reiteraron su pedido de deponer la represión contra sus compañeros.
Una de las modificaciones que, aparentemente, ha molestado más a los dirigentes cooperativistas es al artículo 151. El cambio dispone que la Asamblea Legislativa apruebe todos aquellos contratos de asociación entre los cooperativistas y empresas privadas, a fin de respetar la Constitución. “Con esto, nos están cortando las alas”, ha declarado un dirigente cooperativista y ha advertido que los bloqueos “se masificarán en un cien por ciento”.
El senador oficialista Eduardo Maldonado ha declarado que sería “un despropósito” la aprobación de la ley tal y como desean los cooperativistas. “Estamos ante la exigencia de los ratones de diseñar la forma del queso que ellos se lo van a comer”, ha declarado a la prensa y ha propuesto una discusión no solamente con los sectores mineros, sino entre todos los bolivianos, pues la minería es uno de los pilares económicos del Estado.