(Pulso) Ayer cuando se iniciaba una nueva sesión de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para continuar las audiencias en torno a la reforma laboral, los integrantes de la instancia se enfrascaron en un debate respecto a la “real urgencia” con que se debe tramitar el proyecto de ley.
El golpe de mesa lo dio el diputado UDI, Patricio Melero, quien antes de iniciar el proceso de escuchas cuestionó la premura con que se está discutiendo. Además propuso que la votación en general prevista para el próximo martes 17 de marzo, se aplazará para el 31 del mismo mes.
El parlamentario señaló que no le parece “que en este proyecto de ley, que ni siquiera el Ejecutivo le ha puesto urgencia, nosotros nos estemos urgiendo más que el Ejecutivo. Ya vivimos la experiencia negativa del proceso de reforma tributaria en este Parlamento que fue un desprestigio para la comisión de Hacienda, en la forma como se hizo; y eso lo reconocen todos”.
Melero dijo no compartir que tras la votación del 17 de marzo se comience la discusión en particular y en paralelo se continúe con las audiencias. “Artículo votado y despachado necesita unanimidad para ser revisto, y yo no voy a dar esa unanimidad”, advirtió.
En respuesta, el asesor legislativo del ministerio del Trabajo, Francisco del Río, sostuvo: “el Ejecutivo desea darle celeridad a este proyecto dentro de las normas reglamentarias. El Gobierno no quiso darle urgencia para que no fuera en contra del ánimo de la comisión”.
Finalmente se acordó votar en general el proyecto el 17 de marzo, el mismo día se abrirá el período de indicaciones que se extenderá hasta el 7 de abril. Así la comisión pactó que las audiencias prosigan hasta el 6 de abril, para posteriormente comenzar la discusión en particular.
Inmediatamente después, la Cámara Chilena de la Construcción presentó sus reparos al proyecto, entre ellos que afecta a los trabajadores al restringir la garantía constitucional de la libertad individual y sindical.
Recalcó que también afecta a los empleadores al atentar contra el derecho de propiedad pues “se impide que el empleador decida cómo asignar parte importante del patrimonio de su empresa, arriesgando su sostenibilidad” e impactaría también en la competitividad del país “al no promover una mayor productividad en un sector en que es particularmente baja”. Expresaron que el proyecto busca “avanzar hacia un régimen de sindicalización forzosa”.
Por otro lado, agregaron que la reforma laboral debiera enfocarse en satisfacer las necesidades de acceso al trabajo de estos grupos (mujeres y jóvenes) y de aquellos más débiles para solucionar la desigualdad.
En tanto, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, reconoció ayer que durante las reuniones de coordinación con los diputados de la Nueva Mayoría se han manifestado inquietudes respecto a puntos de la reforma laboral como es el período de vacancia donde los legisladores esperan reducirlo del año contemplado en el proyecto.