(El Mercurio)Â Para el geólogo Iván Garrido, presidente ejecutivo de Andes Iron, el proyecto de hierro Dominga es como una hija. El rechazo de la iniciativa por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo lo golpeó, pero tiene fe en que su creación vuelva a la vida. La votación fue polémica. Seremis que en sus informes previos no habían puesto reparos ni observaciones al proyecto, al momento de pronunciarse en la asamblea del jueves votaron en contra. Pese a eso, Garrido dice confiar en la institucionalidad, razón por la que recurrirán al Comité de Ministros.
«De no confiar, estaríamos en un quiebre democrático. Eso es grave, y espero que estemos lejos de eso. Tenemos que calmarnos y volver a la racionalidad de los argumentos y que se analicen en su mérito los datos y hechos que estamos presentando», sentencia.
-¿Cómo se explica usted el rechazo de la Comisión al proyecto?
«No me lo tengo que explicar. El rechazo es real, y lo que miramos es qué alternativas tenemos. La Resolución de Calificación Ambiental es la primera instancia. Tenemos la posibilidad institucional de ir y reclamar con argumentos. Tenemos argumentos robustos, y están basados en el ICE, documento emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental. Además, en este caso hay un plan regulador intercomunal del Elqui, que pasó dos administraciones, todas las instancias democráticas, y hoy día está en Contraloría. Ese plan dice que en la ubicación en la que está nuestro puerto -que es donde hay mayor controversia-, sí se pueden emplazar terminales».
-¿No le llama la atención que algunos seremis que votaron que no en la comisión no habían puesto reparos en etapas previas? ¿No le produce ruido, al menos?
«Lo que hay son aparentes inconsistencias, pero la votación de los seremis es parte de la institucionalidad. Sí llama la atención, pero entendemos que así es nuestra institucionalidad».
-¿Pero eso no afecta en algo la institucionalidad ambiental?
«Creo que al menos genera un debate. La discusión tiene que ver con cuán vinculante o competente es el Servicio de Evaluación Ambiental respecto a estas decisiones. Eso está siendo discutido y es un aporte. Esa discusión debería mejorar la institucionalidad. Nosotros estamos en proceso de evaluación. No nos vamos a referir a esas inconsistencias, porque me parece poco serio. No es por ser políticamente correctos, sino que tiene que ver con que nosotros hemos padecido y sufrido severamente la posverdad. Es decir, se han tergiversado ciertos hechos, como la participación del ex Presidente Piñera. Se quiso decir que era el padre de este proyecto. Eso es absolutamente falso».
«El ex Presidente participó en un período muy pequeño de la historia de este gran proyecto. Me parece un argumento extremo que por ese hecho se considere que el proceso de evaluación ambiental de Dominga es corrupto. Hacerlo daña el acuerdo social entre los chilenos. Por lo tanto, si yo hoy día me refiero sin un análisis serio y frío respecto de las inconsistencias que usted señala, me parece que también dañaría la institucionalidad ambiental».
-Haber sido víctima de la posverdad, como usted dice, en relación con lo sucedido con el ex Presidente, ¿pudo haber influido en la votación?
«Eso es especular. Yo no me atrevería a decir que influyó en la votación, pero sí en la percepción del proyecto. Nuestros detractores quieren instalar la idea de que es corrupto porque el ex Presidente Piñera participó entre finales de 2009 y parte del 2010. Una cosa son los conflictos de interés que tiene el ex Presidente Piñera, y él se tiene que referir a eso. Pero eso es muy distinto a que nosotros hemos obtenido los permisos o trámites con el Estado corruptamente. Eso sí que nos dañó mucho. Eso es irreversible, porque por más que yo salga a hablar mil veces y explique, la imagen ya queda en la población».
-¿Cree que fue casualidad que esta información apareciera un poco antes de que se votara el proyecto?
«Yo no creo en la casualidad; me atrevo a decir que es curioso. Es una información que sale justo en el momento previo a la evaluación de calificación ambiental, pero no tengo ningún antecedente para probar que alguien tuvo alguna intencionalidad. Es curioso».
-Los actuales controladores de Andes Iron, la familia Délano, imagino que tampoco ayudan mucho a la imagen, producto del caso Penta.
«No me referiría a la familia Délano, sino al caso Penta, porque eso nos produjo un daño severo, nos vinculó a un eventual caso de corrupción que no calza por ningún lado. El señor (Pablo) Wagner se fue (de la Subsecretaría de Minería) en el 2012, y nosotros entramos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en septiembre de 2013. O sea, ni por cerca ni por lejos pudo haber influido».
«Por cierto que nos afecta, nos pone en una situación -lo dicen importantes senadores y diputados de la República-, de que este proyecto fue mal habido, corrupto, por estas dos situaciones. Es completamente injusto, aunque son legítimas las dudas. Una cosa es tener una duda, otra cosa es condenarlo cuando no hay antecedentes. Hemos sufrido como proyecto estas dos situaciones que son bastante injustas».
-Que un senador, como Guido Girardi, hiciera una virtual campaña por Twitter justo antes de la votación, emplazando a los seremis, ¿impacta a la institucionalidad del país?
«Me atrevería a decir que le hace daño al pacto social que tenemos hoy. Ese tipo de comentarios no contribuyen. Tampoco contribuye entrar en esa discusión. Eso daña el acuerdo social de una democracia, que los empresarios necesitamos para crecer».
-El diputado Matías Walker acusó presiones del Ministerio del Interior. ¿Cree factible una situación así?
«Eso está en el ámbito de las hipótesis, y, honestamente, una compañía como la de nosotros no puede caer en comentar ese tipo de cosas. Si hay antecedentes que alguien pueda sustentar, tendrá que ir a la institucionalidad, al Ministerio Público. Creo que hay que moderar el lenguaje para cuidar la institucionalidad».
-Si los accionistas de Andes Iron fueran otros, ¿cree que se habría generado toda esta polémica?
«Un ejemplo: la CAP ha operado aquí (en la zona cercana a Dominga) por largo tiempo. Hace un año se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental por el mismo gobierno regional, en caso de un puerto que está más cerca de la reserva, que es el puerto Cruz Grande. Ahí no hubo ni un ruido. Nadie fue a reclamar. Nada. No obstante, nosotros, que estamos más lejos, y que es un proyecto integrado, a mi modo de ver más robusto en términos ambientales, hemos sido rechazados con acusaciones bastante duras, como la de corrupción».
«Ese es un ejemplo. Nosotros somos un emprendimiento donde los inversionistas tenemos domicilio personal, la familia Délano, la familia Garcés y mi caso, con otros ejecutivos. En el caso de la CAP, ¿por qué este doble estándar social? Es curioso».
-¿Van a reclamar ante el Comité de Ministros, una instancia de por sí política? ¿Por qué cree que les puede ir mejor?
«Me atrevería a hacer una reflexión respecto al significado de política. Entiendo -es una interpretación mía- que el espíritu de la institucionalidad medioambiental no es que el Comité de Ministros vote políticamente, partidista o ideológicamente. El Comité de Ministros y sus competencias, liderado por el ministro de Medio Ambiente, es de políticas públicas. Debe evaluar si realmente este proyecto cumple con los estándares y las políticas públicas que se han dado en el Estado de Chile. Pero si es politiquería, y no me atrevería a pensar que el Comité opera de esa manera, tendríamos que estar en un daño social importante. Yo, honestamente, quiero confiar -y no tengo por qué dudarlo- en que debería sesionar y analizar los antecedentes que vamos a presentar, y resolver en consecuencia a esos antecedentes».
-Hay antecedentes de proyectos cuestionados socialmente que recurrieron al Comité de Ministros, como HidroAysén, donde si bien la legislación establece plazos para su pronunciamiento, no se cumplieron. ¿Puede pasar lo mismo con ustedes, que este fierro caliente no lo quiera agarrar el actual gobierno?
«Quisiera creer que ese escenario no es viable. Aquí lo que dice la institucionalidad es que tenemos 30 días para reclamar, después de que sale la RCA. Después, el Comité de Ministros tiene 60 días para evaluar y dictaminar su resolución. Espero que eso se cumpla a cabalidad».
-Si no ocurre, hay instancias de reclamación administrativas, como la del «silencio administrativo», o recurrir a Contraloría. ¿Las estudian?
«No nos hemos puesto en ese escenario. Ojalá no lleguemos a eso. En su momento tendríamos que analizarlo».
