(El Mercurio) Aunque dicen que no es mala en sí misma, hay consenso entre los expertos de gobierno corporativo respecto a que la estructura de sociedades en forma de «cascadas» puede incitar a conductas que pueden afectar a los accionistas minoritarios.
Así, comparten la opinión del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, quien señaló en entrevista con «El Mercurio» que la estructura de «cascada» «da espacio a situaciones que pueden ser controvertibles (…) Es un tema que en otras partes se regula de otra manera o no está permitido».
En el mercado plantean que hay que distinguir entre las sociedades holding, a través de la cual un inversionista controla una o varias empresas que tienen operaciones productivas, como es el caso de Antarchile y Empresas Copec.
En el caso de las «cascadas» o «pirámides», existe una cadena de sociedades de inversión, a través de las cuales una persona controla una única firma operativa. Esta sería, por ejemplo, SQM, si se trata de las sociedades ligadas a Julio Ponce o la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), en la cual el Grupo Claro participa a través de Quemchi, Navarino y Marítima de Inversiones.
Partes relacionadas
Pero la «cascada» no es buena ni mala en sí misma, dicen los expertos en gobiernos corporativos.
«El problema se suscita cuando existen operaciones de transacciones entre partes relacionadas que pudiesen diferir de las condiciones imperantes en el mercado», señala Dieter Linneberg, director ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile.
Por su parte, Alfredo Enrione, experto del ESE Business School de la Universidad de los Andes, plantea que otro conflicto se genera si dichas transacciones no se ejecutan en condiciones de equidad, ya que producirá una transferencia de riqueza de una sociedad a otra.
Respecto a cómo evitar dichos conflictos, Linneberg plantea que podría restringirse el tipo de transacciones, ya que el controlador podría tener el ánimo de entrar y salir con porcentajes para «hacerse una pasada» y luego volver a la posición original en cartera. Otra alternativa, dice, sería instruir que el directorio se pronuncie en cada sesión sobre los movimientos entre firmas relacionadas.
Hay quienes agregan que no se requieren cambios a las leyes o normativas, sino que más bien se necesita mayor fiscalización.
«La regulación actual es más o menos estricta en cuanto a relaciones entre partes relacionadas, y creo que el mercado tiene que ir actuando si ve eventuales conflictos de interés. No solo debería aplicar una tasa de descuento mayor, sino que también analizar si está dispuesto a asumir eso al invertir», plantea Matías Zegers, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica.
Fuente / El Mercurio