Los conflictos pueden derivar en resultados de perder-perder (el caso de Agrosuper es el más emblemático) o transformar a los involucrados para así hacer posible otra forma de relacionarse. Las controversias son el inevitable resultado de la tensión permanente entre la articulación de distintas necesidades de corto y largo plazo, así como de la saludable libertad democrática de actores sociales, que presionan por la materialización de sus aspiraciones. Por ello, en Casa de la Paz damos la bienvenida a la visibilización de conflictos, ya que esto permite la confrontación pacífica y propositiva de legítimos intereses en juego.
Hoy existe un razonable consenso sobre los temas en los cuales el país necesita avanzar con urgencia; lo que no tenemos nada de claro es cómo lograr el gran acuerdo nacional que nos permita superar el actual escepticismo de que ello es posible. En una sociedad tan dañada por la desconfianza, en la cual disminuye la expectativa sobre la capacidad del Estado de resolver problemas complejos, se instala la pregunta en torno a cómo regenerar el sustrato de confianza sobre el cual podamos reconstruir nuestro sistema de relaciones.
¿Cuándo desconfiamos? La respuesta es una sola: cuando tenemos la experiencia de haber sido engañados. Por ejemplo, cuando proyectos han prometido beneficios sin que se materialicen; o cuando una vez instalada la faena, aparecen consecuencias que no fueron anunciadas. Por el contrario, si una empresa es respetuosa con la comunidad, y comunica en forma oportuna y entendible las condiciones e impactos del proyecto, así como la manera en que piensa hacerse cargo de sus consecuencias negativas, y si llega a un acuerdo con los potencialmente afectados, no solo se comenzará a construir una relación de confianza, sino que la comunidad estimará que la utilidad de la compañía es legítima.
Dado que las autoridades cambian, así como ocurre con los ejecutivos a cargo de un determinado proyecto, la comunidad es el actor que da continuidad a la relación. Y es la representante legítima del bien común, porque es la única que percibe los impactos acumulativos de distintas actividades que tienen lugar en un determinado territorio.
Crecientemente las comunidades aspiran a entablar una relación directa con quienes tienen el poder. Ningún actor quiere ser intermediado por terceros, por muy ilustrados y bien intencionados que estos sean. Los lugareños ya tienen la experiencia de terminar siendo interpretados (de buena fe) o manipulados (para que el “facilitador†obtenga una ganancia que supera con creces la que queda en la localidad). Tampoco están disponibles para que terceros los entrevisten y extraigan información que luego será utilizada “en su contraâ€. De ahí la necesidad de generar juntos la información, identificar los puntos en controversia y la forma de abordarlos, así como compartir los resultados de las investigaciones, aunque sus contenidos duelan.
Lo que está en veremos es la forma en que la sociedad chilena definirá las reglas del juego para la convivencia nacional, lo cual implica un deseo de coexistencia basado en la colaboración y el mutuo respeto, materializado en un proyecto común de búsqueda de bienestar para todos. Para generar juntos estas condiciones debemos detenernos a conversar. En otras palabras, el diálogo y la convivencia se han convertido hoy en un asunto de sobrevivencia.