¿Cuánto vale realmente el 10% de Enami en Quebrada Blanca?

Con sorpresa hemos recibido la noticia de la enajenación del 10% que Enami mantenía en Quebrada Blanca por parte del estatal Codelco. Hemos cuestionado duramente la operación no sólo por el secretismo con que se llevó adelante, sino también –quizás lo más relevante- por las legítimas dudas que ha generado el valor de US$520 millones como precio a pagar por parte de Codelco.

Desconocemos que parámetros se han utilizado para definir ese monto de pago, considerando que Teck ha invertido en Quebrada Blanca más de US$8.600 millones en su proyecto.

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, al referirse al valor pagado por Codelco, hablo de un contrato de compraventa “robusto, justo y conforme a una valorización de mercado”.

Resultan por lo menos curiosas estas declaraciones, ya que, a principios de año, en el Congreso afirmó que “este es un patrimonio de la Enami y que han planteado que la venta no es la mejor opción”. Es más, en la misma ocasión, MIynarz ahondó: “La inversión se hizo en QB2, que es el activo que hoy está funcionando y operando, fue de poco más de 8 mil millones de dólares la inversión. Si uno dice que el 10% es de la Enami, estamos hablando de alrededor de 800 millones de dólares…”.

Más grave aún es que ni siquiera se pueda saldar la deuda completa que tiene la Empresa Nacional de Minería, ya que una vez que entren los US$520 millones que pagó Codelco, todavía le quedará a Enami una deuda de US$250 millones.

De la misma forma, recuerdo las afirmaciones de la entonces vicepresidenta de Teck, Amparo Cornejo, quien, durante la tramitación del royalty minero, aseguró que, por concepto de dividendos, “el 10% de Enami en Quebrada Blanca le reportará a la minera estatal más de US$1.900 millones en dividendos durante unas dos décadas y a partir del periodo posterior al pago de la deuda del proyecto, que implicó más de US$ 8.200 millones”.

Está claro que aquí algo no cuadra y necesitamos conocer los detalles del contrato de compraventa, para despejar todas las dudas que nos han surgido, en una operación que se realizó de forma presurosa y bajo un secretismo inexplicable.

Se ha tratado por parte del presidente ejecutivo de Codelco de señalar que nosotros estamos más preocupados por el hecho que no se hizo una licitación, pero ese no es el punto.

Nuestro gremio no se opone a que este activo quede en manos del Estado, sino que no se esté pagando un valor de mercado justo y no sea otra “pasada” de Codelco, como ocurrió con la compra a Enami del 49% de opción que tenía en Disputada de Las Condes –hoy Anglo American Sur- donde pagó a Enami sólo 175 millones de dólares, mientras que desde 2015 a la fecha ha recibido dividendos por un monto de US$1.300 millones, es decir, ha recibido casi ocho veces lo que pagó.

Igual como ocurrió en esa ocasión y ahora, Enami, que generó los negocios, pasó a pérdida y Codelco fue el gran beneficiado.

Todo lo anterior es particularmente preocupante al considerar que después de esta cuestionada operación, Enami no solucionará toda su deuda y seguirá careciendo de una estrategia integral para el futuro.

Hemos reiterado la necesidad de conocer los detalles de la operación, y para ello vamos a pedir que la operación sea revisada por las instituciones de control que correspondan y, si de ello resultaran ilegalidades, vamos a seguir todas las responsabilidades que haya que perseguir.

Es fundamental que tomemos medidas concretas para fortalecer la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Su capitalización y la mejora del gobierno corporativo que la rige son pasos cruciales que asegurarán su rol como un facilitador clave para la pequeña y mediana minería. Sin embargo, nos preocupa que, al despojarla de sus activos sin asegurar flujos constantes en el tiempo, se debilite poniendo en riesgo su viabilidad a futuro. Flujos que, por lo demás, provendrían de negocios que ella misma generó.

Es momento de exigir una reparación para Enami y, través de ella, para el importante sector de actividad económica con el que se relaciona, para iniciar una nueva etapa en esta necesaria e histórica alianza público-privada, que la proyecte promisoriamente hacia el futuro.