(La Segunda) La divulgación de una parte importante de la investigación realizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y que sirvió de fundamento para formular cargos en contra del presidente de SQM, Julio Ponce, y otros ejecutivos ligados a las llamadas sociedades cascada -Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán- dio nuevos argumentos a las AFP para insistir en la solicitud que presentaron para que se suspendan las juntas convocadas por Norte Grande y Oro Blanco para aprobar aumentos de capital por US$92 millones y US$120 millones, respectivamente.
El gerente de AFP Cuprum, Ignacio Alvarez, fue uno de los que pidió a la autoridad suspender las reuniones que están agendadas para el próximo viernes 11 de octubre. También lo hicieron las AFP Habitat y Capital, por considerar que es inaceptable que se efectúen aumentos de capital sin que dichas sociedades hayan entregado a todos sus accionistas la información contable que han requerido a la compañía. Hace meses que las AFP vienen pidiendo que la empresa les detalle las transacciones que se realizaron entre firmas relacionadas del holding entre 2009 y 2012 y sus mecanismos de financiamiento.
«A la luz de los antecedentes conocidos en los últimos días sobre los argumentos que tuvo la SVS para formular los cargos y la presunción de que aquí hubo un esquema estructurado para perjudicar a los accionistas minoritarios de las sociedades cascadas y beneficiar a su controlador, se confirma nuestra solicitud de que la SVS debe suspender las juntas de accionistas citadas para aprobar esos aumentos de capital», dijo Alvarez, el primer ejecutivo de una AFP que se refiere públicamente al caso tras conocerse los detalles de la investigación de la SVS.
Estas declaraciones, señaló, «se enmarcan en la política permanente que ha desarrollado Cuprum de proteger los fondos de pensiones de nuestros afiliados. Cuprum ya presentó formalmente a la SVS la solicitud de suspender dichas juntas de accionistas».
Ayer, el superintendente Fernando Coloma adelantó que durante la próxima semana se conocerá la postura del organismo fiscalizador respecto a esta solicitud.
AFP Cuprum, junto a Habitat, Capital, Provida y la administradora de fondos Moneda realizaron la denuncia ante la SVS que originó la investigación, todavía en curso, que ya se tradujo en la formulación de cargos.
Ministro Larraín y cambios al marco regulatorio: «No tenemos contemplado hacer modificaciones»
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió esta mañana a la investigación de la SVS en la que se planteó que algunas transacciones por la cuales se formularon cargos contra Julio Ponce «si bien se ajustaron formalmente a la norma (…) habrían afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores y, por lo tanto, la confianza y transparencia del mismo».
Al ser consultado respecto de si estaba analizando perfeccionar las leyes del mercado financiero para evitar que este tipo de situaciones se repita, Larraín señaló que » creemos que con la legislación actual se puede avanzar. Es un tema de regulación, se debe cumplir adecuadamente con la normativa del mercado financiero».
Agregó que «por el momento no tenemos contemplado hacer modificaciones, pero siempre vamos a estar abiertos a recibir buenas ideas respecto de la legislación financiera y económica».
Sobre la decisión del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, de no facilitar la información a la Fiscalía, el secretario de Estado aseguró que «es una decisión autónoma».
Larraín descartó que el caso cascadas afecte a la inversión y explicó que «problemas habrá en todas partes, pero lo importante es que los países tengan institucionalidad e infraestructura financiera regulatoria legal para resolverlos».
Coloma pedirá legislar para evitar nuevas filtraciones
A tanto llegó la molestia del superintendente Fernando Coloma por la filtración de su investigación que dijo que propondrá al ministerio de Hacienda un cambio en las leyes para obligar a las partes que tengan acceso a este tipo de documentos a mantener reserva sobre ellos.
Hasta ahora, explicó, sólo la SVS está obligada a cumplir con la condición de confidencialidad.
Fuente / La Segunda