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Profesores de Derecho UC integraron comisión para fortalecer cumplimiento de regulación en materia medioambiental

La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, junto al entonces Ministerio de Medio Ambiente, convocó a un grupo de diez expertos tanto en materias técnicas como jurídicas, para desarrollar una serie de propuestas de cambios urgentes.

El director del Programa de Derecho y Medioambiente, Ricardo Irarrázabal, junto al profesor de Derecho ambiental de la Facultad de Derecho UC, Jorge Femenías, integraron el equipo que propuso 100 modificaciones a la actual Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA).

Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, con el objetivo de identificar las principales falencias de la actual Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente (LOSMA), la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, junto al entonces Ministerio de Medio Ambiente, convocó a un grupo de diez expertos tanto en materias técnicas como jurídicas, para desarrollar una serie de propuestas de cambios urgentes a esta norma. Entre los convocados estuvieron el profesor y director del Programa de Derecho y MedioambienteRicardo Irarrázabal y el profesor de Derecho Ambiental de nuestra Facultad, Jorge Femenías.

El trabajo se tradujo en un informe final de 100 medidas urgentes a implementar en materias como mecanismos de denuncias y participación ciudadana; potestad cautelar; mecanismos e incentivos al cumplimiento; potestad fiscalizadora y seguimiento ambiental; y potestad sancionatoria.

En ese contexto, le profesor Irarrázabal trabajó en las mesas sobre potestad fiscalizadora y de seguimiento ambiental y de potestad cautelar. “Se trata de un informe de suma relevancia, por cuanto corresponderá a un insumo técnico con un centenar de propuestas para modificaciones de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente y temas de gestión de este organismo”, relevó el académico UC.

En profesor Femenías, por su parte, trabajó en las mesas sobre mecanismos de denuncias y participación ciudadana, y la de mecanismos e incentivos al cumplimiento, agregando: “espero haber aportado con mi visión de los fines y funciones de la responsabilidad sancionatoria -con un fuerte enfoque en la función responsiva-. Espero que este trabajo sirva de base a los legisladores para elaborar las futuras políticas públicas ambientales que el país necesita, específicamente en el fortalecimiento de la Superintendencia”.

Los criterios de selección para quienes formaron esta mesa fueron principalmente experiencia probada en el ámbito de fiscalización y expertise en materia ambiental, prefiriéndose a aquellos que tuvieron algún acercamiento a la elaboración de la Ley 20.417 y que hayan participado o trabajado directamente en la organización de la Superintendencia de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.  En segundo lugar, se optó por una composición que representara la diversidad política de la Comisión de Medio Ambiente, de manera que se equilibraran los debates.

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