Ante el proyecto de ley sobre aplicación de un royalty a la minería, el director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, considera que esta iniciativa parlamentaria «es un error jurídico grave, puesto que este gravamen ya existe desde 2005, con la dictación de la ley 20.026, modificada el año 2010 por la ley 20.469».
De acuerdo con Hernández, este gravamen adoptó la forma de determinación de su monto propia de los impuestos a la renta y que se denomina “impuesto específico a la actividad minera”. De esta forma, el director ejecutivo del gremio argumenta que todos los fundamentos de esas leyes están basados en el derecho del Estado -como dueño de las minas- a cobrar un monto por la extracción de los minerales, que las empresas mineras pagan; no están basadas en el derecho que tienen los estados a cobrar impuestos, que son una compensación genérica para financiar el aparato público y los planes sociales.
«Este mal denominado ‘impuesto’ no es tal, porque las cosas en Derecho son lo que son (royalty en este caso) y no lo que su nombre indica ni su forma adopte», expone Hernández. El director de Aprimin añade que «sin perjuicio de la cuestionable constitucionalidad de este proyecto, no procede legislar creando un royalty que ya existe, por lo que el proyecto en trámite es jurídicamente improcedente».
Por último, Hernández sostiene que Chile necesita certeza jurídica para la mayor actividad económica del país, en vista de la demanda creciente de minerales necesarios para las energías limpias.