(Diario Financiero) La instancia interministerial analizará mañana las reclamaciones por los permisos ambientales de los proyectos Continuidad Operacional Candelaria (de US$ 460 millones de inversión), la mina Diego de Almagro (US$ 600 millones) y 450 nuevas viviendas que se proyectan entre Horcón y Maitencillo (US$ 4 millones).
El comité está conformado por los ministros de Energía, Salud, Minería, Economía, Agricultura y Medio Ambiente. Es la última instancia administrativa para la aprobación de una obra. Luego sólo queda la posibilidad de recurrir a los tribunales ambientales para revertir sus dictámenes.
Se cuestiona condiciones impuestas a proyectos mineros
En la tabla del comité para mañana, en primer lugar figura el proyecto Diego de Almagro, propiedad del brazo minero del grupo Angelini.
La iniciativa -que considera una inversión en torno a los US$ 600 millones- cuenta con la aprobación ambiental, sin embargo, la misma empresa presentó un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros pues cuestionó una serie de condiciones y exigencias que se impusieron como requisito para dar luz verde a la iniciativa. El principal cuestionamiento es la solicitud que hizo la autoridad ambiental sobre ciertas proyecciones para analizar el impacto de la obra.
No obstante, la empresa afirma que la exigencia es una medida inoficiosa. «De aplicarse, echaría por tierra todos los principios conceptuales y prácticos que sirven de base para la evaluación de los impactos ambientales, tanto en Chile como en el resto del mundo», sostuvo la empresa.
Con todo, de ser exitosa la campaña de exploración para este año, la construcción se podría iniciar en 2019, por lo que el proyecto, propiedad de la filial Sierra Norte, comenzaría a operar en 2021.
Diego de Almagro se encuentra ubicado a 50 kilómetros al Este de Chañaral y a 12 kilómetros al Oeste de la localidad de Diego de Almagro. En total, el proyecto produciría en promedio 35 mil toneladas anuales de cobre fino. En total, de concretarse la mina, podría producir 110.000 toneladas de cátodos de cobre y 300.000 toneladas de concentrado en 20 años de vida útil.
Agricultor persigue que se revoque permiso ambiental
En segundo lugar de la tabla del Comité de Ministros está la reclamación presentada por un agricultor luego que a mediados del año pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Candelaria 2030- Continuidad Operacional (CCMC), ubicada en Tierra Amarilla, Atacama.
El proyecto –ligado a la canadiense Lundin Mining- contempla la construcción de un nuevo depósito de relaves, nuevas líneas eléctricas, accesos y un ducto desde el sector bodega a la mina, con una inversión aproximada de US$ 460 millones.
En octubre de 2015, Sebastián Leiva Astorga, en representación de Frutícola y Exportadora Atacama, presentó un recurso de reclamación. Alegó que no se habría ponderado adecuadamente sus observaciones en el proceso de participación ciudadana, solicitando que se califique ambientalmente desfavorable el estudio. La frutícola es dueña de un predio ubicado en Tierra Amarilla, el cual está emplazado de manera casi colindante al terreno que pertenece a CCMC. Ahí se realizan actividades agrícolas, cultivo de uva, las cuales, a su juicio, se verían afectadas. Según CCMC, las observaciones ciudadanas fueron ponderadas en el proceso. El abogado de la minera, Pablo Mir, recurrió a la Contraloría, afirmando que la reclamación habría sido presentada fuera de plazo, lo cual fue rechazado. El jurista también presentó escritos en que acusó que organismos públicos entregaron antecedentes -a su juicio- también fuera de plazo, por lo que dijo que no deberían ser considerados por el comité.
Inmobiliaria busca concretar proyecto en Maintencillo
En el último lugar de la tabla, el comité analizará la reclamación del titular del proyecto inmobiliario El Alto, que contempla la construcción de 450 viviendas en los Acantilados de la Quirilluca en Maitencillo, y que considera una inversión superior a los US$ 4 millones.
En diciembre pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso rechazó la recomendación del SEA de aprobar el proyecto.
Los argumentos para no aprobar la iniciativa se concentraron principalmente en las discrepancias existentes en las medidas de conservación propuestas para la especie del piquero común, las que no aseguraban la sostenibilidad en el tiempo de esta área de interés para la conservación.
«El rechazo es ilegal, por lo tanto va a ser reclamado. No hay ningún antecedente técnico que justifique tal decisión», dijo cuando se rechazó el proyecto el representante de la inmobiliaria, Martín Santa María.
En la ocasión, el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, dio la posibilidad de aprobar la iniciativa, condicionado a modificar sus indicadores de éxito y los límites de conservación, a fin de llegar a un acuerdo, solicitud que no fue considerada por el representante del titular y por consecuencia el proyecto fue sometido a votación.
En medio de la discusión, el consejero regional, Manuel Millones, manifestó sus reparos respecto de lo declarado por Santa María, aludiendo a las influencias políticas que podría tener la empresa asesora de la inmobiliaria, cuyo socio y director ejecutivo es Francisco Walker Prieto.