(El Mercurio) El a estas alturas famoso informe de Shearman & Sterling LLP sobre SQM tiene múltiples detalles sobre cómo operaba la minera no metálica, presidida durante 27 años por Julio Ponce Lerou y que tuvo a Patricio Contesse González como su gerente general por más de dos décadas. Y uno de esos datos es el presupuesto del que disponía el CEO: entre 2008 y 2014 contó con US$ 30,61 millones, pero que en términos reales dispuso de más recursos, ya que la gerencia general gastó US$ 34,7 millones en ese lapso.
Considerando solo el gasto real, el 65,5% se destinó a asesorías, y el restante se distribuyó entre remuneraciones, viajes, publicidad, suscripciones, donaciones y varios ítems más. En asesorías se pagaron US$ 22,74 millones. El año en que se gastó más en ese ámbito fue 2013, en plena elección presidencial (US$ 4,5 millones en el año). Este reporte de Shearman & Sterling LLP fue presentado el 7 de enero de este año a Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Poco después, este documento fue remitido al Departamento de Justicia norteamericano, tras lo cual el jefe de la unidad antifraudes de esa entidad se comunicó, semanas atrás, con el fiscal de la Región de Valparaíso, Pablo Gómez.
El trabajo del bufete norteamericano buscaba saber si SQM infringió o no la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Stephan Luhrmann, del estudio Grasty, Quintana, Majlis & Cía., explica que esta es una legislación que contempla normas antisoborno ( anti bribery ) y de contabilidad ( accounting ).
Estas normas prohíben pagos de personas o empresas norteamericanas, empresas listadas (acciones en bolsa o ADRs) en los Estados Unidos o que requieran presentar informes a la SEC, así como extranjeros que se encuentren en el territorio estadounidense y que busquen inducir o influenciar a funcionarios públicos para obtener o mantener determinados beneficios, negocios o contratos. Por cada violación a las normas antisoborno se contemplan sanciones para empresas, que llegan hasta los US$ 2 millones, y para personas alcanzan hasta los US$ 250.000 y prisión por hasta cinco años. En el caso de infracción a las normas de contabilidad, las firmas se exponen a multas de hasta US$ 25 millones, y en el caso de personas, a sanciones por US$ 5 millones y hasta 20 años de prisión. «Por los antecedentes hasta ahora públicos, y atendido que SQM mantiene ADRs en EE.UU., es posible que el Departamento de Justicia y la SEC estén revisando si se han infringido normas de la FCPA, en especial aquellas de contabilidad», estima Luhrmann.
Shearman & Sterling, en su informe, sostiene que no hay evidencia de que se contravenga la FCPA. Según el bufete norteamericano, no se acreditó el quid pro quo , es decir, que el pago haya supuesto un beneficio directo o haya afectado a un negocio concreto. Por ello, dicen cercanos al proceso, se hace improbable que se configure un delito penal.
Pero otra cosa sucede con los problemas contables y tributarios. Estas deficiencias en los books and records (registros contables) sí quedaron acreditadas, y si bien la minera no metálica ha implementado cambios tras el estallido del escándalo, la SEC puede decidir sanciones.