(La Tercera) El conflicto de interés y la estrategia judicial de la Corfo que Rafael Guilisasti se habría llevado desde el consejo de la Corporación a las sociedades cascadas que controlan SQM, es donde están los focos de una polémica entre el gobierno y la minera no metálica que promete escalar.
Ayer, fue el propio ministro de Economía y también miembro del consejo de Corfo, Luis Felipe Céspedes, quien abordó esos focos del conflicto y explicó la postura del gobierno. “Es una materia que se está evaluando, lo evaluó la propia Corfo”, dijo ayer Céspedes. “Lo importantes es dejar claro que aquí tenemos una posición como Estado”, agregó.
La polémica se desató el lunes pasado, cuando Corfo comunicó la salida de Guilisasti. Según la Corporación, el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) fundamentó su renuncia en “la incompatibilidad absoluta que dicha representación tendría con futuras responsabilidades que asumiré en el ámbito empresarial privado”.
Ese mismo día, las sociedades cascadas Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, informaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que Guilisaste se integraba como director y presidente de las firmas, en reemplazo de Julio Ponce.
Ese hecho, que era ignorado al interior del gobierno, incomodó a los personeros de Corfo, cuyo consejo también está compuesto por los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Desarrollo Social, Marcos Barraza; y de Agricultura, Carlos Furche.
La raíz de esa incomodidad radica en que la Corporación se enfrenta en un juicio arbitral con SQM por un contrato de arrendamiento para explotar parte del Salar de Atacama, operación clave para la firma que controla Ponce a través de las sociedades cascadas y que Corfo quiere caducar. Guilisasti, creen al interior del gobierno, sí cuenta con información estratégica de ese litigio.
En el círculo cercano a Guilisasti, sin embargo, dicen que el empresario estaría tranquilo, pues se habría asesorado en materia legal para evitar cualquier conflicto de interés.
Argumento clave
En el gobierno, en todo caso, consideran que los argumentos que han presentado para caducar el contrato con SQM son válidos.
“Nosotros hemos sido muy claros. Tenemos un juicio arbitral en esta materia, como Corfo pedimos el fin del contrato producto de todas las causas que adjuntamos en dicha demanda frente al árbitro. Entregamos, además, el caso al CDE que está llevando esta causa, por lo tanto, creemos que tenemos una posición muy firme como Estado”, dijo Céspedes.
Sin embargo, conocedores de la estrategia de SQM en esta materia, cuyo trabajo está encabezado por el fiscal de la compañía, Matías Astaburuaga, creen que la minera no metálica cuenta con un fundamento clave para mantener el contrato. Ese argumento, es el artículo 11 del contrato de explotación del Salar de Atacama que firmó con Corfo.
Dicho documento, al que tuvo acceso La Tercera, consigna que Corfo “podrá poner término anticipado al presente contrato mediante un aviso dado por escrito dado a Minsal Ltda. (sociedad creada por SQM para firmar el contrato con Corfo) con a lo menos dos meses de anticipación en la medida exclusiva de que esta última se encuentre en insolvencia o incurra en mora en el pago de la renta correspondiente a una parte o al total de uno o más de los períodos de renta, y que después de requerida por escrito por la Corporación, no pague dicha renta y sus intereses dentro de los próximos 15 días siguientes”.
Desde el círculo cercano a SQM y su controlador han dicho que no hay insolvencia, ni impago de rentas. Por ello, agregan, Corfo no tiene cómo ganar el juicio. Aunque aquello, por ahora, está en manos del juez arbitral Héctor Humeres, quien podría demorar un año más en dictar sentencia.