(El Mercurio) Chile es el mayor productor de cobre, pero tiene solo siete fundiciones: cinco estatales y dos privadas. Hoy el 50% del concentrado de cobre se procesa en el país -el resto en China-, y la proporción debería ascender al menos a 90%, señala Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco.
Las fundiciones son poco rentables, y en consecuencia los inversionistas se han volcado a la actividad de la exploración y explotación minera. Sin embargo, Hernández explica que el incremento futuro de la producción de concentrados de cobre está encendiendo las alarmas en torno a la necesidad de contar con más fundiciones. De aquí a 2025 se producirán cerca de 6,6 millones de toneladas de concentrados -hoy se generan 3,9 millones- y de ese total, el 53% lo producirán los nuevos proyectos en carpeta. Pero ni los inversionistas privados ni públicos prevén invertir en fundiciones.
Hernández advierte que ciertas discusiones internacionales y medioambientales hoy amenazan con complicar el transporte del mineral, e incluso ha habido planteamientos de prohibir su traslado marítimo. «No creo que ocurra, pero si el día de mañana la exportación sufre serios tropiezos, no vamos a tener dónde procesar los concentrados de cobre. No tendrían mercado, porque no hay otra forma de venderlo si no se transporta», puntualiza el ejecutivo. Ello complicaría la producción nacional y los ingresos fiscales, agrega.
Hoy China consume el 49% del cobre mundial, y en unos años podría ser el 60%. «Está teniendo un poder monopólico creciente y como su capacidad de fundición va al alza, si el único destino de nuestros concentrados es China, vamos a quedar sujetos a los precios que ellos pongan», dice Hernández.
Proyecto estratégico
Cochilco desarrolla un proyecto virtual con toda la información relativa a las fundiciones para presentar un plan. El documento estaría listo a fin de año e indicaría desde los lugares más adecuados para instalar las fundiciones, hasta el monto de inversión, y la disponibilidad de concentrados que hoy no está comprometida en contratos a futuro. «Queremos mostrar que es posible defender los intereses estratégicos del país», indica Hernández. Y agrega: «El Estado ha vuelto a asumir su rol en el desarrollo de políticas mineras».
Hernández dice que si se toman las medidas, en cinco años el país podría alcanzar un estado óptimo en esta materia. «Lo ideal sería postergar el tiempo de cumplimiento de la norma de emisiones de diciembre de 2018 por unos tres años más, para que seamos capaces de comprometer un cumplimiento de la normativa superior.
Adelantémonos a lo que viene», indica. Explica la necesidad de que existan estímulos para elevar la inversión en fundiciones. Para ello propone beneficios tributarios, apoyo con los permisos, o acuerdos estratégicos con los chinos.