(Pulso) Hace algunas semanas parecía que el caso Cascada se ordenaba un poco, ya que tras la declaración de incompetencia del 4to Juzgado de Garantía de Santiago (JG) -en cuya jurisdicción está la dirección de las sociedades cascada- derivando ésta en el 7mo JG, la investigación se consolidaría bajo una causa. Mientras el 7mo JG tomaba conocimiento y resolvía esta decisión, el Ministerio Público trabajaba intensamente en la recopilación de mayores antecedentes. Fue así como Cristián Araya, ex gerente de inversiones de la corredora de bolsa Banchile asistió a declarar a la Fiscalía Centro Norte, en las oficinas de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, liderada por el Fiscal José Morales.
El ex ejecutivo de la corredora del grupo Luksic indicó que todas las operaciones que él realizaba eran informadas al gerente general de la intermediaria de esa época, Jorge Rodríguez y el fiscal de la entidad. Es por ello que ambos serán citados a declarar en el marco de la investigación de las cinco operaciones por las que será formalizado Aldo Motta (en la foto) el próximo 23 de junio.
Problema de competencia
Si bien para muchos es un tema “leguleyo”, lo cierto es que desde hace un mes que se está discutiendo la competencia del 4to y 7mo JG sobre estas causas.
El pasado 12 de mayo, el 4to JG, en una audiencia solicitada por el Ministerio Público, se declaró incompetente en esta causa. Esto se gatilla porque el caso Cascada se ha tramitado conjuntamente en dos tribunales -en el 7° de Garantía se desarrolla la investigación por la falsificación de las actas y en el 4° de Garantía se investigan algunas operaciones bursátiles.
Para la Fiscalía -y fue un argumento que acogió el Tribunal- estos actos tienen su ejecución y comisión básicamente en la Bolsa Electrónica, cuya dirección está en Santiago; por lo que faltaba esperar solamente que el 7mo tomara conocimiento y resolviera este asunto.
El pasado 22 de mayo, el 7mo JG rechazó “la competencia declinada para conocer de estos antecedente, debiendo devolverse al 4to JG, por corresponderle su conocimiento y resolución”.
La juez Carolina Gajardo consideró que dado el tipo penal en análisis (inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores) se requiere efectuar transacciones o lograr su inducción por medios de artificios engañosos, por lo que sin estas “maquinaciones previas no se produce el resultado, por lo que prescindiendo de ella el hecho es atípico”.
Agregó que “se estima antojadizo que de la multiplicidad de actuaciones y operaciones descritas se utilice la realizada el 9 de junio de 2009, ante la BEC para fijar la competencia para todos los efectos legales, en una investigación que todavía está en curso”. Esto, sumado a que “no encontrándose suficientemente acreditado el principio de ejecución procede, a lo menos en esta etapa de la investigación, aplicar la regla del artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales, correspondiéndole el conocimiento al que hubiere prevenido, en la especie, el 4to JG”.
En este sentido, el juez destaca en su resolución el argumento de Moneda AGF en que destaca que adolecería de error determinar que las transacciones determinarían fijar la competencia, sino más bien que por ser un hecho inequívoco, este fija la competencia.
Si el 4JG insiste en declinar su competencia, entonces llegarían a una contienda de competencia, que deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones.