El ministro de Minería de Bolivia, César Navarro, anunció que el Estado aplicará “estrictamente” la Ley 367, que incorpora el delito de avasallamiento minero dentro del Código Penal, para evitar la toma de áreas mineras legalmente constituidas.
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Navarro indicó que para el cumplimiento de la norma —la cual establece una condena de cuatro a ocho años de cárcel para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento o comercialicen recursos mineralógicos sin autorización de la Corporación Minera de Bolivia- participarán activamente su ministerio, las carteras de Gobierno y Defensa y la Fiscalía General del Estado.
“Se ha decidido realizar un trabajo de coordinación entre los tres ministerios y el Ministerio Público en defensa de los derechos de los titulares de las áreas mineras”, dijo la autoridad en conferencia de prensa conjunta con el titular de Gobierno, Hugo Moldiz, y el Fiscal General, Ramiro Guerrero, según consigna la nota publicada por el ministerio boliviano.
Explicó que la tarea inicial será identificar territorialmente el área avasallada, en coordinación con el Ministerio Público, para luego aprehender a los instigadores y avasalladores de minas.
Posteriormente, dijo, se confiscarán las maquinarias de los avasalladores y también el mineral producto del avasallamiento.
Además, adelantó, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) tiene la instrucción de sancionar a los comercializadores de oro y complejos –como la plata, plomo y zinc– que no cuenten con el respaldo de documentos del yacimiento adjudicado legalmente por el Estado boliviano.
“Ninguna persona puede vender mineral robado de un área avasallada y ninguna empresa o ingenio comprará mineral producto del avasallamiento”, advirtió al remarcar que con esas acciones el Estado “expresa con mucha claridad que defenderá los derechos de las empresas estatales, las cooperativas y la empresa privada”.
Navarro advirtió que se conoce que algunas comunidades comienzan a organizarse para avasallar yacimientos, por lo que se decidió cerrar filas en el Gobierno para combatir de manera más efectiva ese delito.
De acuerdo con el Fiscal General del Estado, ya hay varios procesos abiertos y en investigación en la Fiscalía de La Paz y Oruro.
“Vamos a actuar en el marco de la defensa de la legalidad, de la sociedad y también para precautelar el derecho de la propiedad colectiva que tienen las comunidades, como las personas particulares o colectivas», dijo Guerrero.