(La Tercera) Raimundo Labarca dedicó durante los últimos dos años casi el 80% de su tiempo al caso cascadas, confesó a La Tercera en septiembre, pocos días después de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) multara a su cliente, Julio Ponce Lerou, presidente de SQM, en 1.700.000 UF (unos US$ 70 millones). Desde el viernes de la semana pasada, Labarca dejo esa representación casi exclusiva: en un escrito presentado al 18° Juzgado Civil de Santiago, él y otros dos abogados, Alejandro Parodi y Alvaro Jofré, renunciaron al patrocinio y poder otorgado por Julio Ponce.
“No existen impedimentos para que otro abogado asuma el patrocinio y poder del demandante en esta causa”, dice el escrito de tres párrafos. “Por su parte, don Julio Ponce Lerou acepta la renuncia indicada precedentemente, declarando que no tiene cargo alguno que formular a los renunciantes”, agrega el texto.
En reemplazo de Labarca, en representación de Julio Ponce asumirá Pedro Hernán Aguila, quien antes ha sido socio de abogados como Alvaro Ortúzar, Felipe Bulnes y Carlos Concha.
La salida de Labarca tiene dos versiones. La primera indica que entre el abogado y Ponce, con quien acostumbraba a hablar a diario, no hubo acuerdo sobre los honorarios futuros por el caso. La segunda apunta a que se cumplió una etapa, tras el dictamen de la SVS del 2 de septiembre y el inicio de una larga fase en tribunales, adonde llegaron Ponce y los otros multados a reclamar las sanciones. Esa etapa podría demorar años. Como referencia, el Caso Chispas tardó ocho años en ser resuelto por la Corte Suprema.
La misma razón -el cumplimiento de una etapa, con la tramitación de la causa en la SVS- habría estado en el fin de otra asesoría: Ponce dejó de trabajar además con la agencia de comunicaciones que lo asesoraba hasta la fecha, lo que estaba acordado desde el inicio de la relación contractual, dicen personas ligadas al negocio.
El caso cascadas también tuvo otra repercusión en el estudio de Labarca: su socio desde 2000, Sebastián Oddó, decidió apartarse del bufete, pero seguirá trabajando con Ponce. Oddó ha desempeñado en los últimos años la labor de asesor y secretario de directorio de varias de las sociedades cascadas.
El otro abogado que seguirá trabajando con Julio Ponce es el litigante Jorge Bofill, quien lo asesora en las aristas penales que investiga el fiscal José Morales.
Lo que resta dilucidar es la continuidad de otros abogados que formaban parte del equipo de defensa de los multados por la SVS, pero que representaban a otros imputados. Es el caso del bufete Pfeffer & Asociados, que representa hasta ahora a Aldo Motta, gerente general de Norte Grande, Pampa Calichera y, hasta mayo de 2013, Oro Blanco, quien fue sancionado con 600 mil UF.
Reposiciones en la SVS
En tanto, este miércoles a las 12 de la noche vence el plazo para que el segundo grupo de sancionados por la SVS en el marco de este caso interponga recursos de reposición ante el regulador para tratar de anular las multas aplicadas.
Se trata de Cristián Araya, Canio Corbo, la corredora de bolsa Banchile y Linzor Asset Management -hoy CHL Asset Management Chile-, todos multados el 30 de octubre en US$ 6,9 millones en el cierre del proceso sancionatorio de este caso.
Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los implicados había recurrido a la SVS, aunque se espera que hoy lo haga por lo menos Araya. Anteriormente, del primer grupo de nueve sancionados el 2 de septiembre, sólo siete interpusieron recursos de reposición ante el regulador, aunque todos fueron rechazados.