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Conadi reconoce 179 nuevas comunidades al año entre 1994 y 2014

Investigadores y dirigentes de los pueblos originarios estiman que la ley, que acaba de cumplir veinte años, tiene fisuras. Porque permite que personas con un escaso vínculo territorial y cultural con los pueblos indígenas accedan a beneficios como tierras, becas y fondos de desarrollo productivo, desvirtuando el espíritu de este cuerpo legal.

(El Mercurio) En 1998, la comunidad mapuche Ignacio Queipul tenía 120 familias y era una reducción indígena más de las muchas que se ubican en La Araucanía. Se trataba de una agrupación tradicional, con títulos de merced entregados por el Estado entre 1884 y 1929, los que acreditaban la propiedad sobre 250 hectáreas en la comuna de Ercilla. Esa organización no había sufrido merma de tierras y, hasta ese momento, mantenía sus 250 hectáreas.

A esa altura, no obstante, la comunidad ya había iniciado una escalada de movilizaciones para que el Estado -a través de la Conadi- adquiriera los predios forestales y de agricultores vecinos y se los traspasara bajo el mecanismo de restitución de tierras en conflicto. Ese año, la Conadi comenzó la adquisición y transferencia de esas tierras, con un lote de 98,3 hectáreas del Fundo Alaska y 58 hectáreas del fundo Hijuela Santa Luisa. En 2002, además, le transfirió la totalidad del fundo Alaska, de 1.937 hectáreas. Con esto, las autoridades de la época dieron por resuelto gran parte del conflicto de tierras entre esa comunidad y los agricultores y forestales de la zona, principalmente Forestal Mininco.

Pero no fue así. La comunidad original se dividió y dio lugar a las comunidades Ignacio Queipul I, Ignacio Queipul II y Autónoma Temucuicui, todas con nuevas reivindicaciones de tierras en el norte de La Araucanía. Esta vez, el objetivo principal de estas organizaciones era acceder a los predios de la familia Urban: los fundos La Romana, Montenegro y Nilontraro.

Desde entonces, el Estado les ha traspasado ocho predios: fundos La Soledad, Santa Filomena, La Romana, Montenegro Lote B, Nilontraro, Montenegro Lote A, Hijuela de Arnold Ellicker e Hijuela Sucesión Aurora Fuentes. En total, han recibido 3.090 hectáreas, una superficie que equivale a 12 veces el predio que podían acreditar como propio a partir de los títulos de merced.

Pese a esto, el conflicto no tiene visos de solucionarse, debido a que la división de comunidades y la incorporación de potenciales beneficiarios a los registros de la Conadi crecen año a año.

Entre 1994 y 2014, el número de comunidades reconocidas por el Estado pasó de 692 a 3.585 organizaciones. Es decir, desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Indígena se han creado en promedio 179 comunidades al año, según un estudio de la Fundación Aitué, creada bajo el alero de CorpAraucanía, que es una organización integrada por gremios empresariales, universidades, sindicatos e instituciones públicas relacionadas con el fomento de inversiones y emprendimiento en esta región.

Esa investigación revela que durante la última década el número de beneficiarios incluidos en los registros de la Conadi pasaron de 46.954 a 521.395 personas, lo que representa un aumento de 1.010%.

De este total, 131.392 son hijos de padres indígenas; 377.533 descienden de algún pueblo originario pero tienen un solo apellido indígena, y 12.470 no tienen ningún apellido indígena, pero practican formas de vida, costumbres o religiones de alguna de las nueve etnias reconocidas por el Estado.

Indígenas por autoidentificación

La ley reconoce la calidad de beneficiarios de Conadi a las personas que son hijos de padres indígenas; a los que tienen un apellido indígena, a los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia, como la religión o el dialecto, y a los que puedan acreditar ascendencia indígena por hasta tres generaciones. Por último, la normativa también reconoce derechos especiales a las personas que tengan un cónyuge indígena.

Esto ha permitido que personas sin apellidos relacionados a un pueblo originario accedan a los beneficios que el Estado dispone para estos grupos.

“La actual normativa no impide que personas con baja pertenencia territorial y cultural respecto de algún pueblo indígena puedan obtener tal calidad y acceder también a los beneficios. Esta situación puede afectar la credibilidad en la entrega de estos beneficios por parte del Estado e ir en desmedro de aquellos que realmente los requieren”, señala el director de la Fundación Aitué, Nicolás Figari.

Una mirada distinta tiene el consejero de la Conadi Zenón Alarcón: si bien considera que la ley es perfectible y que en algunas ocasiones se ha desvirtuado su espíritu -situación que se abordará cuando se diseñe el nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas-, afirma que las normas internacionales más avanzadas, como el Convenio 169 de la OIT, indican que la calidad de indígena se relaciona con condiciones espirituales y con aspectos culturales, no solo con un apellido determinado.

$104 mil millones para 2015
Entre 1994 y 2013, el Estado desembolsó $204 mil millones en compra de predios -equivalentes a 210 mil hectáreas productivas-, para transferirlos a familias y comunidades que se identifican como pertenecientes a los pueblos originarios. Estos dineros han ido en beneficio de unas 16 mil familias.

El presupuesto de la Conadi para este año asciende a $75 mil millones, de los cuales $45 mil millones están destinados a la adquisición de tierras y agua, $7 mil millones para programas como el Fondo de Cultura y Educación Bilingüe y el Fondo de Desarrollo Indígena. El proyecto de Presupuesto 2015 propone que los recursos de Conadi lleguen a $104 mil millones.

Según la investigadora de Libertad y Desarrollo, Claudia Hernández, una de las razones que explican el aumento del número de personas que se identifican como indígenas durante las últimas décadas es el acceso a beneficios materiales, becas, subsidio de tierras y créditos de emprendimiento que no tienen otros campesinos igualmente pobres.

Los cambios metodológicos de los censos tampoco ayudan a precisar la evolución que ha tenido en Chile el número de personas que se consideran indígenas: el de 1992, arrojó que el 7,4% de la población pertenecía a algún pueblo originario; en el de 2002, la cifra bajó a 4,6% y en el cuestionado censo de 2012 (cuyas cifras no fueron validadas) se llegó a 11,08% de la población.

Según Arnoldo Ñanculef, vocero del Parlamento Autónomo Mapuche -organización que representa a 340 comunidades de La Araucanía-, la proliferación de comunidades y de beneficiarios de Conadi obedece a que la ley está mal diseñada: “Esta ley atenta contra todo principio histórico cuando establece que con diez personas se puede constituir una comunidad. Lo mismo pasa con los casamientos: todos saben que en esta región se hacen casamientos para acceder a tierras”, afirma.

Si no se limita la proliferación de comunidades, agrega Ñanculef, el conflicto por las tierras no se acabará en décadas. Durante los últimos veinte años, el Estado ha comprado y transferido entre veinte y treinta predios en promedio al año y, actualmente, hay 148 comunidades que tienen aplicabilidad, es decir, que cumplen con los requisitos para acceder a tierras. A esto se suman 300 organizaciones más que están juntando los antecedentes para postular.

Las proyecciones de la Conadi realizadas para diseñar el Presupuesto 2015 indican que el próximo año el Estado debería dar solución a 6.480 familias que demandan tierras en conflicto. La demanda proyectada para el próximo año, no obstante, llega a 12.164 familias.

Los títulos de merced datan del siglo XIX, cuando el Estado de Chile incorporó los territorios al sur del Biobío y luego entregó a los mapuches propiedades formales mediante este sistema.

Un informe de la Multigremial de La Araucanía realizado sobre la base de las conclusiones de la comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, presentadas en 2008, da cuenta de que de los 2.325 títulos de merced existentes en La Araucanía, solo en 413 casos se acreditó que las comunidades habían sufrido un detrimento parcial o total de la extensión de sus terrenos originales.

En total, se trataba de 26.459 hectáreas que las comunidades de esa región podían reivindicar como propias a partir de los títulos de merced. En la práctica, el Estado había transferido en ese momento 80.625 hectáreas en esa región.

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