Los US$105.000 millones de la cartera de proyectos mineros catastrada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) no representa una variación significativa respecto de los US$112.000 millones proyectados en 2013, si se considera que del portafolio salieron tres iniciativas que iniciaron su operación: Ministro Hales, Caserones y Expansión Los Colorados (ahora se sumó Sierra Gorda), que en conjunto involucran US$6.848 millones.
No obstante, la categoría con mayor incertidumbre se triplica, pasando de un 15,1% del valor total de las inversiones hace un año, a un 47% en 2014. Esto, considerando que existen 15 proyectos en el segmento “potencial” (en prefactibilidad o con factibilidad suspendida), equivalentes a más de US$49.000 millones. Además, sumados a otras 15 iniciativas en categoría “posible” (en factibilidad o con factibilidad suspendida, con Estudio de Impacto Ambiental, EIA, o Declaración de Impacto Ambiental, DIA, no presentada o en trámite), superan los US$75.000 millones, es decir, un 72% de la cartera de inversiones, diez puntos porcentuales más que un año atrás.
“El catastro recoge la natural postergación que siempre ocurre en los proyectos mineros”, afirma el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, quien hace ver que las metas de cumplimiento de las cartas Gantt de las compañías no siempre se alcanzan y que ello es muy normal en la minería.
A su juicio, hace un año las expectativas eran muy altas, por el ciclo de precios, pero cuando la cotización del metal, sin ser baja –aunque menor–, empieza a tocar la línea de costos de las empresas, estas empiezan a repensar sus proyectos de crecimiento y a aplazar inversiones, “postergación que también tiene que ver con mayores demoras en la tramitación de los permisos ambientales”, puntualiza.
Factores que inciden
Entre las principales causas de este aplazamiento, Hernández menciona la reevaluación interna de las compañías, por una parte, y por otra, las dificultades que han tenido los proyectos en la obtención de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tanto por las mayores exigencias regulatorias como por el empoderamiento de las comunidades.
En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco destaca la necesidad de que las empresas mineras comiencen una relación anticipada con la comunidad, “cuando hay un informe de perfil, mucho antes de la ingeniería básica y de detalle”, transmitiendo claramente los beneficios que significa el desarrollo minero.
También constata que la aplicación de nuevas tecnologías ha traído complejidades a las compañías por la falta de experiencia, y que ha incidido la carencia de recurso humano calificado.
Buenas noticias
Para Hernández, prever inversiones por US$105.000 millones hacia 2023, de las cuales US$80.000 millones corresponden a cobre, es una muy buena noticia, porque de concretarse en su totalidad la producción del metal llegaría a 8,5 millones de toneladas a 2025. “Probablemente algunos proyectos posterguen su plazo de ejecución, pero seguimos informando una cartera de inversiones históricamente alta”, recalca, acotando que “ningún proyecto se ha caído”.
Sin embargo, hay dos proyectos con RCA aprobada, pero con procesos judiciales que les impiden avanzar en su desarrollo (Pascua-Lama y El Morro), constata el informe de Cochilco, y una iniciativa que se encuentra paralizada (Cerro Casale).
También se destaca la incorporación de nueve proyectos nuevos con una inversión de aproximadamente US$9.000 millones, de los cuales siete son de cobre, uno de oro y otro de hierro. Además, 14 nuevas compañías desarrollan proyectos por primera vez en la minería chilena.
Otro dato interesante es el monto de inversiones previsto hacia 2018, por US$30.000 millones, valor equivalente a lo invertido en el sector en 2009-2013, y que considera las iniciativas calificadas en las categorías con mayor probabilidad de materialización (“base” y “probable”), que se encuentran en estado de ejecución o factibilidad con su RCA aprobada o en reclamación judicial, o con su EIA o DIA en trámite. La cifra está en línea con la informada en 2013 por el Consejo Minero, aunque esta incluía los proyectos de las compañías socias y por un monto de inversión sobre los US$90 millones.
Concesiones en la mira
Una barrera no menor para atraer inversiones al sector es el sistema de concesiones mineras, respecto del cual Hernández reconoce su aporte al “gigantesco desarrollo minero del país en los últimos 30 años”, pero añade que la realidad de hoy exige un mejor aprovechamiento de la propiedad minera. “Creemos que es necesario llegar a un fórmula que varíe el régimen de concesiones, no en la concesión judicial, sino en que la tremenda cantidad de propiedades detenida tenga alguna movilidad y pueda ofrecerse a nuevos inversionistas, sobre todo compañías junior que andan buscando y encuentran poco”, afirma el ejecutivo.
En su opinión, el pago de la patente se ha convertido en un pretexto para la paralización, “y hay además concesiones mineras que se constituyen para proteger actividades industriales o agrícolas”. Una salida es que caduque la concesión si no se demuestra un trabajo efectivo con un compromiso de inversión, estableciendo un sistema de reemplazo, que puede ser una licitación vía Enami en el caso de propiedades de pequeña y mediana minería, indica. Otra alternativa es aumentar el monto de la patente cuando hay inamovilidad, pero eso puede favorecer a las grandes compañías, dice.
Con todo, la modificación sería aplicable a las propiedades que se constituyan en adelante. “No será fácil aplicar una modalidad distinta a los actuales titulares de concesiones mineras, porque tienen derecho de propiedad”, puntualiza Hernández.