(La Tercera) Lo intuía y se confirmó el martes, pasado el mediodía. Julio Ponce fue informado a esa hora que había recibido la más severa de las sanciones que ha cursado durante su historia la Superintendencia de Valores y Seguros. El organismo lo multó en US$ 70 millones (1,6 millones de UF) por cinco infracciones a las leyes de Mercado de Valores y Sociedades Anónimas; Ponce esperaba entre US$ 20 millones y US$ 100 millones, según ha revelado en privado. Desde que Carlos Pavez, un fiscalizador con fama de implacable, sucedió a Fernando Coloma en marzo, Ponce y sus abogados vaticinaron un fallo en contra.
Todo se ratificó el martes y, con ello, la andanada de efectos que ponen al controlador de la mayor minera no metálica del país bajo asedio. El elenco del esquema coordinado para transar acciones de las cascadas de SQM que acusa la SVS lo completan cuatro personas cercanas a Ponce (ver recuadros), un socio y dos altos ejecutivos de LarrainVial, Leonidas Vial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz; y la propia corredora, la mayor del mercado local. En total, todos deberán pagar US$ 164 millones.
Son varios los frentes que desde el martes se abrieron a Julio Ponce, ingeniero forestal, presidente de SQM desde septiembre de 1987.
1. La propiedad
Los abogados de Julio Ponce dijeron en sus descargos a la SVS, en octubre de 2013, que en este caso subyace un interés de larga data de terceros por arrebatarle el control del mayor productor mundial de yodo y litio. Dijeron que Bancard, de Sebastián Piñera, y la canadiense PCS, hoy dueña del 32% de la firma, lo intentaron en varias ocasiones. La amenaza, no necesariamente de estos mismos, podría volver a aparecer, con Ponce debilitado públicamente con una sanción inédita.
Ponce dirige una compleja estructura de propiedad que la encabeza Inversiones SQYA, que tiene el 67,5% de Norte Grande. Esta, a su vez, controla Oro Blanco, le sigue Pampa Calichera y todo termina con el 32% de SQM, en pacto de control con la japonesa Kowa.
Todo ese andamiaje, creen varios agentes del mercado, podría volverse frágil a partir de ahora. Julio Ponce y sus sociedades podrían ver restringido su acceso a financiamiento externo tras las sanciones de la SVS. Y podría verse forzado a vender algunas acciones de las cascadas para hacer liquidez. O buscar otras opciones. En julio, SQM decidió -con el voto en contra de PCS- distribuir un dividendo extraordinario por utilidades acumuladas de US$ 230 millones.
En el mercado esta semana volvieron las dudas sobre el futuro de la estructura de propiedad de SQM, lo que gatilló alzas en los precios de las acciones. Y hasta volvió a plantearse la vieja idea de fusionar, unir o disolver las sociedades cascadas. Pero si bien aquello podría convenir al resto de los accionistas, que tendrían ahora títulos directos de SQM, esa opción debilita el control de Ponce sobre la minera. Algo a lo que no está dispuesto, dice su abogado (ver páginas 6 y 7).
Otra alternativa -si de capturar recursos se trata- podría ser compartir la propiedad aguas arriba con un socio minoritario que le aporte liquidez. Hace años lo hizo con la noruega Yara, a la que recompró el 49% de Inversiones SQYA en 2008. Pero ahí vuelve la complicación derivada de las multas: ahora le costaría encontrar un nuevo socio, ya sea local o extranjero, sostienen quienes conocen bien la empresa.
Y ante cualquier debilidad futura, la primera opción la podría tener el que esté mejor posicionado. ¿Quien? PCS, que ya tiene un pie adentro. Pero para ello, en cualquier caso requiere de la anuencia del mismo controlador de siempre.
2. Los cargos
Julio Ponce preside SQM, Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios de Chile. Cinco empresas abiertas en Bolsa.
El director de una de ellas, Rodrigo Zegers, pidió esta semana que salieran de Norte Grande Ponce y otros dos multados, Aldo Motta, de la gerencia, y Patricio Contesse Fica, del directorio. “Se hace absolutamente incompatible que el señor Ponce Lerou siga presidiendo el directorio de la compañía en circunstancias que las principales víctimas de los hechos por los cuales ha sido sancionado son, precisamente, Norte Grande y sus filiales”, escribió Zegers.
El mismo día también exigió la salida de Ponce el ex presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán. La solicitud podría repetirse en otras compañías donde hay, como Zegers, directores nombrados por las AFP, en su mayoría abogados.
Pero en lo inmediato la discusión será infructuosa para los directores independientes: como Ponce controla sin contrapesos las mesas, cualquier propuesta de salida será votada en contra. De las cinco cascadas -incluyendo a Nitratos y Potasios-, su hermano Luis Eugenio está en todos los directorios, su hija Francisca, en tres, y su hijo Julio, en dos. “Ponce no renunciará a sus cargos. Sería una señal de debilidad”, dice un director de uno de los eslabones del grupo.
La mesa principal, SQM, es muy distinta. Ponce se acompaña ahí de Contesse Fica; de Hernán Büchi y de Wolf von Appen. Como director independiente, pero votado por Ponce, figura Juan Antonio Guzmán, quien ganó en 2013 al candidato de las AFP, Fernando Cañas. Por PCS están Wayne Brownlee, Alejandro Montero y José María Eyzaguirre, abogado de Claro & Cía. Pero la canadiense no tendría entre sus planes hostigar a su socio en la empresa, a quien ya enfrentaron duramente hace varios años. El propio Eyzaguirre dirigió una batalla legal de varios años -2001 a 2007- en la que cuestionó desde los estatutos y series de acciones de SQM hasta el pacto entre Ponce y Kowa que formalizó su control. La convivencia hoy es buena.
El gran temor en el grupo es que las sanciones dañen la moral del grupo que dirige la empresa con Ponce desde hace tres décadas. Su hermano Eugenio es vicepresidente comercial desde hace 33 años; Patricio de Solminihac, subgerente, suma 23 años en SQM, y Patricio Contesse González es gerente general desde hace 24 años. El hijo de este último fue uno de los ocho multados esta semana.
3. Los tribunales
Raimundo Labarca, abogado de Julio Ponce, sabe que tendrá mucho trabajo de aquí en más. Además de iniciar una batalla titánica por revertir la sanción de la SVS en tribunales, deberá hacer frente a la serie de juicios indemnizatorios que se iniciarán -entre ellos, de las AFP- y que usarán la resolución de esta semana como su principal argumento. Esta es también una de las razones para no vender SQM ni sus cascadas: una venta millonaria atraería aún más demandas.
Lo mismo que Labarca deberá hacer Jorge Bofill, quien lo defiende en la arista penal que investiga el fiscal José Morales (ver páginas 20 y 21). Hasta ahora, Ponce ha declarado a Morales por la querella que interpuso contra Fernando Coloma, el ex superintendente, y que perdió esta semana. Hasta ahora no lo ha hecho como imputado en la causa penal principal, en la que, según las infracciones imputadas por la SVS, arriesga penas de hasta 10 años.