(Pulso)
Proyectos mineros se duplican, pero judicialización amenaza al sector
La inversión del catastro 2013 de proyectos mineros del Ejecutivo, en sus distintas etapas de desarrollo, alcanza nada menos que US$112.556 millones para los próximos años, un aumento de 150% con respecto a la cartera del año 2009. No obstante, la sombra de la judicialización está sobre varias de estas iniciativas.
Si bien la actual administración ha llevado a cabo iniciativas para generar condiciones que incentiven el desarrollo de nuevos proyectos mineros, en la industria afirman que todavía hay mucho paño por cortar.
La consultora McKinsey, por encargo del Consejo Minero, realizó un estudio sobre esta industria. Los resultados no fueron nada alentadores: altos costos de energía eléctrica, que nos ubican como el país minero con energía más cara después del Congo; brechas significativas entre incrementos de remuneraciones y bajas de productividad, incluso corregidas las leyes del mineral; escasez de recursos hídricos, con altísimos costos para la satisfacción de la demanda con agua de mar con y sin desalinización, atendida la altura de los yacimientos y la correspondiente necesidad de energía; leyes decrecientes de los minerales; judicialización sistemática de permisos, con la consecuente falta de certeza jurídica y sentencias erráticas, por calificarlas de alguna manera.
De ahí que entidades como el Consejo Minero hayan realizado una serie de propuestas al ejecutivo. El gremio elaboró un catastro de 50 cambios en materia de energía, capital humano, recursos hídricos, medio ambiente, modernización del Estado y comunidades. Estas fueron presentadas en el Encuentro Pro Inversión y Competitividad.
No obstante, la cartera que lidera Hernán Eduardo de Solminihac estuvo marcada por la fallida licitación de los primeros Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), que había sido adjudicada a Soquimich (SQM), lo que significó la salida del subsecretario Pablo Wagner.
Wagner asumió la responsabilidad del grave error que se cometió en la licitación, pues SQM incumplió las bases que establecían que las empresas oferentes no pueden tener litigios en curso con el Estado. Pese a que había asegurado no tener litigios con el Estado, la empresa cuyo subgerente general es hermano del ministro de Energía, Hernán de Solminihac, mantenía cuatro disputas con el Fisco.
Sin una definición de una política energética
El gobierno ha destacado que entre 2010 y 2014 aprobó ambientalmente más de 17 mil megawatts (MW), que han entrado en operación al sistema eléctrico más de 4.300 MW en nueva capacidad y que actualmente existen en construcción 2.800 MW adicionales.
Sin embargo, la cartera de energía, para los expertos, quedó al debe. Si bien se destacan avances en materia legislativa (como la promulgación de Ley 20/25, que establece que hacia el año 2025 las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) representarán el 20% de la matriz eléctrica de Chile), la indefinición del Comité de Ministros sobre HidroAysén, que traspasó la tarea a Bachelet, fue la huella más notoria de esta secretaría de Estado.
A esto se suma la judicialización que han enfrentado una serie de proyectos eléctricos, lo que para muchos se debe a la falta de una política energética clara, pese a que en el gobierno destacan el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030, realizada en febrero de 2012 por el Presidente Sebastián Piñera.
Otro de los puntos grises de la cartera fue la paralización del proyecto Barrancones. El hecho marcó un punto de inflexión en la cartera de energía.
Más aún la inestabilidad en la jefatura del cargo fue una piedra en el zapato para el mandatario, quien debió nombrar a cinco ministros durante su mandato.
Hubo uno que incluso sólo alcanzó a durar tres días y puso su cargo a disposición del Ejecutivo tras serios conflictos de interés.
En efecto, por la cartera pasaron los nombres de Ricardo Raineri, Laurence Golborne, Fernando Echeverría, Rodrigo Alvarez y Jorge Bunster.
Este último -un ex gerente de Copec que trabajó con la familia Angelini por casi 20 años- pareció entender de mejor forma las tareas del ministerio.
De hecho, en la última cumbre energética en La Moneda el secretario de Estado se mostró orgulloso de los avances bajo su administración.
Bunster logró sacar adelante cuatro leyes que resultan ser el mayor legado del gobierno.
El secretario de Estado destacó el énfasis que el Ministerio realizó para robustecer la red de transmisión. En ese sentido, destacó la aprobación de las Leyes de Concesiones, de Interconexión y el aumento histórico de la inversión en transmisión troncal, por más de US$ 1.100 millones.