(La Tercera) La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informó ayer -cuando su titular Fernando Coloma ya hacía uso de una semana de vacaciones- que resolvió suspender los procedimientos administrativos relacionados a la investigación del caso cascadas en contra de quienes fueron formulados de cargos el 6 de septiembre de 2013: Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica. Esto, “hasta el momento en que las nuevas formulaciones realizadas la semana pasada a LarrainVial Corredora de Bolsa, Manuel Bulnes Muzard, Felipe Errázuriz Amenábar, Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc, alcancen el estado procesal en que están los procesos sancionatorios antes mencionados”.
El fiscalizador aclaró que adoptó la medida para mejor resolver: “Esta superintendencia estima que en esta etapa procesal y para la acertada resolución de los procedimientos sancionatorios en curso, resulta prudente realizar esta suspensión en virtud de que los plazos otorgados en los nuevos cargos se superponen con los plazos que restan para cerrar los procesos de las personas formuladas de cargos el 6 de septiembre, pudiendo resultar estos últimos insuficientes para que éstas puedan analizar los cargos y descargos y hacer las presentaciones que en derecho estimen pertinentes”.
El abogado de Julio Ponce, Raimundo Labarca, afirmó que “esta resolución da cuenta de que el superintendente no estaba cumpliendo con la ley y que prevalecieron nuestros argumentos”. A su juicio, la medida “es consecuencia del pronunciamiento del contralor, porque la suspensión la pedimos desde el minuto que nos formularon cargos. Una de las materias por las que recurrimos a la Contraloría fue para que se suspendiera el proceso administrativo”.
Agregó que si bien Ramiro Mendoza no se pronunció específicamente al respecto en su dictamen -conocido el viernes en la mañana, antes de que la SVS formulara los nuevos cargos-, “le dijo que se apegara a la Ley 19.880 y la resolución que suspende el proceso invoca esa ley”.
Labarca destacó que esto les permitirá analizar los cargos que se les imputan a los demás formulados y sus defensas. Asegura que de lo que ha visto en estos nuevos cargos la SVS “insiste en la teoría del esquema, basada en suspicacias, conjeturas y especulaciones. Pero según lo que subieron a la carpeta de investigación no se ven antecedentes nuevos; por tanto, cabe suponer que es la misma teoría en virtud de la cual levantó cargos a mi cliente. Uno podría haber pensado que desde el 6 de septiembre hubiera recabado análisis de terceros sobre los precios de mercado, pero todo indica que no”.
La abogada del superintendente Fernando Coloma, Paula Vial, comentó que la suspensión “es una decisión de tiempos asociados al procedimiento. Se dio esta coyuntura que hizo necesario, a partir del desarrollo de la investigación, formular nuevos cargos y se estimó que resultaba más adecuado hacerlo así”. Enfatizó que “es la evolución del proceso lo que lleva a tomar distintas decisiones”.
Consultada sobre si las nuevas formulaciones de cargos abren flancos para que el superintendente enfrente nuevas querellas, planteó que si bien ese escenario siempre es posible, percibe una actitud distinta: “La querella en el caso de Julio Ponce es tan instrumental que me extrañaría que alguien más adoptara una estrategia similar”.
Vial ahora trabaja en el contenido de la declaración que debe prestar Coloma ante el fiscal José Morales en los próximos días, producto de la querella por prevaricación administrativa y abusos contra particulares presentada por Ponce. Esta incluye al intendente Hernán López y Hugo Caneo, jefe de Cumplimiento de Mercado de la SVS.
Morales informó que se decretó reserva en todas las líneas investigativas relacionadas a las sociedades cascadas a partir del 27 de enero. Fuentes vinculadas al proceso tenían antecedentes de que la reserva, por 40 días, afectaba sólo a la querella por prevaricación. A la fecha han declarado, entre otros, los abogados de Ponce, Labarca y Alejandro Parodi, y el de Moneda Asett, Pedro Pablo Gutiérrez.