(Diario Financiero) Desde querellas hasta recursos administrativos ha abarcado la disputa que mantienen los reguladores, accionistas minoritarios y los controladores y principales ejecutivos de las sociedades cascada. Si bien la defensa de Julio Ponce ha conseguido levantar polvo, lo cierto es que a la fecha el proceso sancionatorio en su contra se mantiene.
En medio de este escenario, la defensa del controlador de las cascada logró que los tribunales declararan admisible la querella contra el titular de la SVS, Fernando Coloma, por los delitos de “prevaricación administrativa” y “abuso de particular”. Además pidió citar a declarar al presidente Sebastián Piñera.
Junto con ello, aún falta que la Contraloría se pronuncie respecto de la legalidad el proceso investigativo que lleva la SVS, agumentando que es el regulador es el que tiene que demostrar el delito y fijar los hechos sobre los cuales se necesitaban pruebas. Esta semana, según indicó el Contralor, Ramiro Mendoza, se revisaría la situación.
Sin embargo, no pocos piensan que las balas de Ponce en esta batalla se empiezan a acabar. Y es que tras lograr colocar al Presidente Sebastián Piñera en la discusión (pidiendo que se investigue si aún tiene participación en la cascada), la parte que más polvo ha levantado su defensa se habría acabado.
Pero cercanos a Ponce señalan que, en realidad, la batalla está partiendo y que aún quedan una serie de instancias. La más importante se relaciona con las eventuales presiones ejercidas sobre Ponce por el presidente de Moneda Pablo Echeverría para fusionar las cascadas.
En entrevista con Diario Financiero el abogado a cargo de su defensa, Raimundo Labarca, señaló que tienen pruebas que demuestran las presiones, y Ponce se estaría reservando esta carta para jugarla en un momento estratégico. ¿Bajo qué figura? Una acción legal por presiones indebidas.
Respecto de los próximos movimientos de los minoritarios, Moneda ya esbozó algo al pedir a la SVS suspender los aumentos de capital de Oro Blanco y Norte Grande.
“En nuestra opinión, la materialización de los aumentos de capital acordados (…) pueden dar lugar, a su vez, a la comisión de conductas que podrían eventualmente ser calificadas como infracciones al artículo 27 de la Ley 19.913”. Así de clara es la carta de Moneda en la que alude a infracciones a la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiera y regula el lavado de activos.
Proceso sancionatorio: los plazos se acaban
En medio de una serie de oficios de ida y vuelta por parte de ambas partes, con fuertes acusaciones cruzadas, a inicios de septiembre el regulador formuló cargos contra Julio Ponce, Roberto Guzmán, Patricio Contesse Fica y Aldo Motta.
Junto con ello, logró identificar el rol de una serie de sociedades en el “esquema de operaciones”, que hasta ahora ha servido para que la Fiscalía a cargo de la investigación penal se abra a investigar delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Pero, el documento de formulación de cargos, también abrió el espacio para que AFP Habitat, y próximamente Moneda, presenten querellas por uso de información privilegiada.
En paralelo, la SVS sigue con el proceso probatorio, tras el cual dictaminará si aplica una sanción o no.
Los plazos empiezan a correr, pues el próximo gobierno asume en marzo.
Bajo este escenario, Coloma ha señalado que espera dictaminar si sanciona o no durante su mandato, pero aún queda pendiente lo que él mismo adelanto: una segunda etapa, en la que podría levantar cargos contra otros agentes del mercado.