(La Tercera) Vestido con poncho, en una oficina con mantas y símbo- los diaguitas y pehuenches, y escuchando música folclórica o de sonidos autóctonos. Así imaginan parte de sus clientes -antes de conocerlo- al abogado Lorenzo Soto Oyarzún (41), quien ha representado en múltiples ocasiones a comunidades de pueblos originarios en litigios medioambientales, en contra de mineras.
La realidad, sin embargo, contrasta con esta percepción. “Esta es mi profesión, no mi causa”, asegura el profesional, quien normalmente viste de traje oscuro y tiene una pequeña oficina en el Paseo Bulnes, pleno centro de Santiago. Trabaja en un ambiente formal, saturado sólo de diplomas y donde se puede apreciar un equipo de música en que se puede escuchar rock de la década de 1970, tipo Deep Purple y Led Zeppelin. De cultrunes, nada.
A mediados de la década de 1990, recién egresado de derecho en la Universidad de Chile, su nombre se hizo conocido en un caso emblemático: fue uno de los asesores de las hermanas Quintreman, quienes obtuvieron compensaciones de Endesa por la Central Ralco.
De allí en adelante persistió en litigios en esta área, asesorando, en paralelo, a políticos como el PPD Guido Girardi, entre otros.
En septiembre de este año, su gestión en favor de las comunidades diaguitas en la provincia de Huasco, Región de Atacama, terminó con la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificando la suspensión de faenas del proyecto minero Pascua Lama. En noviembre, en la misma zona, logró que la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenara la detención momentánea de los trabajos en el yacimiento minero El Morro.
Solange Bordones, dirigente de una de esas 15 comunidades diaguitas, lo defiende: “Su trabajo es muy bueno, logró que las autoridades nos escucharan y le dedicó tiempo a nuestra cultura y a nuestros derechos”. Al consultarle por los honorarios de su representante, cambia el tono y dice tajante: “El tema contractual es privado, sólo lo hablamos con nuestro abogado”.
En El Morro declinaron hacer mayores comentarios sobre la última resolución: “Respetamos a la Justicia y a nuestra contraparte legal, pero aún estamos analizando el escenario”.
No obstante las causas medioambientales que ha trami-tado, una de las principales distancias que marcan algunas ONG ecologistas con el trabajo de Soto es, justamente, la relación que entabla con las comunidades originarias.
Al respecto, Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo de la ONG Ecoceanos, afirma que “el abogado Soto tiene una presencia relevante en el mundo medio ambiental. Eso es indudable. Pero su estilo parece generar discrepancias. Se le percibe como un profesional que presiona fuerte a las empresas, para luego sentarse a negociar. Otros piensan que hay cosas que no se transan ni negocian”.
El abogado Marcelo Castillo, ex asesor de la Conama, discrepa: “El se ha forjado como un experto. Es muy frontal, domina las complejidades de esta institucionalidad y trabaja de manera acuciosa, lo que es perfectamente legítimo. Lo mismo que cobrar por sus servicios profesionales”.
Lorenzo Soto nació en Chiloé y asegura que se siente parte de esa tierra de mitos y curantos. Pasados los 10 años emigró con sus padres a las comunas de Puente Alto y San Miguel, en Santiago, pero cuenta que regresa todos los veranos a la isla a ver a su familia, junto a su esposa y sus tres hijos. Con ellos vive actualmente en Calera de Tango.
Hijo de un dirigente sindical y una profesora normalista, afirma que su pasión es el derecho medio ambiental: “Hice un doctorado en Alicante, España, y fui profesor del magíster en la Universidad de Chile”.
El académico Sergio Montenegro, director de aquel posgrado, ratifica que Soto “efectivamente, hace algunos años dictó aquí ciertos cursos, pero después no se renovó su prestación”.
No todas las actuaciones del abogado, sin embargo, están vinculadas con pueblos autóctonos. En otras oportunidades ha defendido a pescadores artesanales, como en los litigios contra las centrales termoeléctricas Castilla y Barrancones, proyectos que también fueron paralizados por órdenes judiciales. Actualmente asesora en la capital al condominio Hacienda Chicureo, por el paso de un tendido eléctrico.
“Mi línea no es indigenista -recalca-. No tengo vínculos previos con ninguna comunidad, sino que en la relación entre Estado, empresa y sociedad, yo defiendo al eslabón más débil, que es mi cliente, y me ajusto a sus necesidades, que no necesariamente se corresponden con los recursos naturales”.
El ingeniero Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), dice reconocer en Soto a un abogado que obtiene resultados: “El problema -enfatiza- es que entra de improviso en conflictos que tienen años, como El Morro y Pascua Lama, e introduce elementos distorsionadores, como las compensaciones”.
Esta cualidad, para otros abogados, es una virtud. Eduardo Astorga, quien en un litigio sobre el río Aconcagua representó a Codelco y se enfrentó a Soto, opina que “él es un experto muy profesional y abierto al diálogo”.
Otro capítulo de Lorenzo Soto, que algunas ONG ven con suspicacia, es su relación con el mundo político. El senador Girardi es uno de sus más cercanos.
“Trabajo con él desde que era estudiante y hasta hoy día me asesora en casi todos los proyectos, desde los ambientales hasta los recursos contra la comida chatarra, y puedo decir que es un muy buen abogado, que no viene de una familia adinerada, sino que se hizo camino a punta de trabajo”.
También ha trabajado con los senadores Alejandro Navarro (MAS) y Alejandro García-Huidobro (UDI). “Me ha asistido en varios temas, uno de ellos fue en el caso del tranque Carén, en contra de Codelco, y su desempeño fue excelente”, cuenta este último. Más allá de comentarios, Soto reitera: “Creo en mi trabajo”.