(El Mercurio) A mediados de junio, antes de que el Reino Unido aprobara a fines de ese mismo mes la ley que fijó el año 2050 como la meta para alcanzar la carbono-neutralidad –que capturará todas las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)-, su ministro de Hacienda, Philip Hammond, advirtió que el costo anual de esta propuesta podría superar los 70 mil millones de libras, unos US$88 mil millones, lo que restaría recursos a otros sectores, como educación, seguridad y salud pública.
En forma oficial, el gobierno británico aseguró que dicho costo lo asume toda la economía y no sólo a nivel fiscal, ante lo que Hammond respondió que la propuesta impactaría en forma significativa a las empresas –especialmente las más pequeñas-, razón por la que “las implicaciones de perseguir el objetivo de la carbono-neutralidad debían ser mejor comprendidas”.
[Sigue leyendo sobre este tema en la edición impresa del diario]