(El Mercurio) Un nuevo conflicto afecta a Corfo, luego que la estatal pidiera un arbitraje para dirimir las diferencias con Albemarle en torno a la interpretación del contrato que busca crear una industria de valor agregado del litio. Los desacuerdos se dan en la definición de los precios de descuento que deben ofrecer a los productores especializados (Samsung-Posco, Fulin y Molymet).
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El vicepresidente de la corporación, Sebastián Sichel, explica las razones de la agencia para inclinarse por esta estrategia, y afirma que la norteamericana ha impedido el desarrollo del proceso. No así con las demás iniciativas que impulsa Corfo en torno al litio, como la convocatoria de SQM y el desarrollo del Centro Tecnológico de Antofagasta.
-¿Cuál es la posición de Corfo?
«El objetivo principal es generar una industria de valor agregado del litio en Chile. Si la administración anterior comprometió la explotación, tendrá sentido solo si se da esta industria; se generan capacidades tecnológicas en el país y el desarrollo de proveedores en relación al litio, que es relevante, porque lo que ha pasado con Albemarle es que estando claro el objetivo de los contratos, la interpretación que han tratado de hacer no permite cumplir esa meta. La interpretación para nosotros es clara y evidente desde que se suscribió el compromiso».
-Este arbitraje retrasará la instalación de la industria. ¿Lo tuvieron en cuenta?
«Llevamos varios meses estudiando el tema, nos acompañó Felipe Bulnes y la fiscal me informó de esta decisión después de un largo proceso jurídico, de varias cartas en las que quedó de manifiesto que la empresa hace una interpretación que no permite que el proceso avance; entonces, más que retrasar la instalación de la industria, lo que hace la empresa es imposibilitarla, por lo que no nos quedó otra salida que el arbitraje».
-¿Cuál ha sido la posición de Albemarle durante el proceso?
«Continuamente han buscado interpretaciones que no permiten el objetivo de dar condiciones más ventajosas para la instalación de productores especializados; aquí se requieren esas mejores condiciones, si no, no tiene sentido. Su posición ha cambiado varias veces y en todas han buscado una compensación económica por el menor precio que deben ofrecer, ya sea a través del pago del royalty o de impuestos, o por reducción del cálculo del precio. Siempre han buscado un equilibrio económico para ellos y no para el Estado de Chile».
-¿Creen que hubo algún error en la confección de los contratos?
«No necesariamente. Quizás los procesos de negociación se tendrían que haber cerrado antes de lanzar la licitación, que es lo que estamos haciendo con SQM; el gobierno anterior de buena fe confió en que se iba a cumplir el compromiso, pero las interpretaciones empezaron a cambiar después de adjudicar la licitación. El modelo de explotación por privados es bueno y sustentable, pero mi sensación es que esta empresa ha dejado en deuda la idea de que es un socio en la explotación de litio para Chile, por lo que esperamos que cambien de actitud».
-¿Qué avance tiene el proceso de convocatoria a partir de la producción de SQM?
«Estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, fijando los precios a los que se venderá a los productores, lo que está con un 95% de avance, por lo que a mediados de noviembre vamos a hacer el llamado. Este proceso ha sido mucho más claro, porque ha habido ofertas y contraofertas, mientras que en el caso de Albemarle se ha intentado exigir una compensación».
-¿Cuándo se lanzan las bases de licitación del Centro Tecnológico?
«Se presentan el 29 de octubre y consideran como mínimo que en el consorcio haya una empresa regional y una universidad regional, pero también que haya una universidad internacional relevante y un centro tecnológico a nivel mundial. El terreno lo va a facilitar el gobierno regional y cumplirá tres objetivos: trabajar en la industria de transición energética a partir del litio; desarrollar materiales avanzados y armar un capital de riesgo para impulsar emprendimientos en el sector del litio, así como un financiamiento para start-up «.
-¿Cómo se financiará?
«Vamos a poner hasta el 60% de los fondos que provienen de los contratos de arriendo del Salar de Atacama, pero esperamos que el 40% privado aporte a fortalecer emprendimientos chilenos o que se instalen en Chile. En total se espera que en plena operación el financiamiento llegue hasta US$ 40 millones».