(El Mercurio) En la primera reunión de Gabinete, el 12 de marzo, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, le planteó al Presidente Sebastián Piñera la idea de que su cartera tuviera un rol más activo en concretar los proyectos de inversión. Si bien en el diseño del nuevo gobierno estaba recogida la idea de crear una Oficina de Grandes Proyectos, radicada en la cartera de Economía -timoneada por José Ramón Valente-, era un hecho que casi la mitad de las iniciativas de esa nueva repartición eran del sector extractivo, y que además muchas decisiones de inversión se tomaban en instituciones ligadas al Ministerio de Minería, como la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) o el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin).

Tras el vamos del Mandatario, «nos enfocamos en buscar cómo destrabar las inversiones mineras y reforzamos una unidad de monitoreo de proyectos», cuenta Prokurica. ¿El diagnóstico? Existen 41 iniciativas mineras valoradas en US$ 53.034 millones. De ese total, 24 proyectos, por US$ 29.691 millones, cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, es decir, «que están listas para empezar o le faltan pocos permisos para ello», señala el ministro.

La tarea de Minería, detalla Prokurica, es que las autoridades sectoriales de regiones (seremis) acompañen a los inversionistas y los ayuden para poner en marcha los proyectos. Para eso se constituyó este jueves por la tarde una mesa de trabajo para reforzar la Unidad de Desarrollo Sustentable de la cartera, que incluye sumar al sector privado -los gremios Sonami, Consejo Minero, más algunos representantes de los pequeños mineros-, y público -el propio ministerio más Cochilco y Sernageomin-, para detectar los problemas y diseñar políticas para subsanarlas.

«Estamos totalmente coordinados con el Ministerio de Economía. Ellos verán los proyectos de la Gran Minería, pero nosotros veremos los proyecto de la pequeña y mediana minería», afirma la autoridad. El ministro Prokurica sostiene que «el 40% de los grandes proyectos son mineros y este es el sector que por lejos más aporta a la Oficina de Grandes Proyectos». El secretario de Estado enfatiza que no «no chocamos en nada» con el Ministerio de Economía.

La Unidad de Desarrollo Sustentable ha detectado varias novedades en los proyectos monitoreados. Por ejemplo, la Planta de Cátodos de Pampa Camarones (ligada a LarrainVial), en la Región de Arica y Parinacota, que operó hasta mayo de 2017 cuando fue suspendida por motivos económicos, volvería a entrar en producción en el segundo semestre de este año.

O que el proyecto Desarrollo de Manto Verde, del grupo inversor Mantos Copper, tiene previsto iniciar la construcción del proyecto a mediados de 2019.

La Unidad de Desarrollo Sustentable también ha pesquisado qué organismo tiene en sus manos cada proyecto. Por ejemplo, la mina El Espino, de Pucobre, de US$ 624 millones de inversión, que cuenta con RCA aprobada, no cuenta con el plan de manejo de preservación para el canelo, especie que fue recalificada como «en peligro de extinción», de parte de Conaf.

Según cifras ministeriales, para construir la mina Caserones, en la III Región, se requirieron 754 permisos. Para explotar el yacimiento Cerro Negro, de CAP, se necesitaron 1.057 autorizaciones de distintos organismos.