(Pulso) Ayer, tras varios meses de trabajo, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, entregó el documento con las conclusiones del trabajo de la comisión asesora presidencial para la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Al respecto, el secretario de Estado destaca no sólo el trabajo de la instancia sino también, la acogida que han tenido las propuestas, que recibió personalmente la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Entre las medidas planteadas destaca el trato especial para los proyectos de gran envergadura y que vendrían del mundo de la minería, energía e infraestructura, y que requerirían de una revisión a nivel nacional.
Frente a las alertas por un eventual trato discriminatorio que enfrentarían los titulares de proyectos de inversión a nivel regional, el secretario de Estado es categórico al señalar que un eventual proyecto de ley que acoja la propuesta “tendrá un control constitucional”.
Además anticipa que durante 2016 el Gobierno emitirá un instructivo de carácter presidencial a los distintos servicios que interactúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental para unificar criterios de los llamados proyectos estratégicos.
¿Suscribe a la idea de crear un sistema de evaluación especial para los grandes proyectos?
-Valoramos esa recomendación. El sistema debe ser capaz de distinguir proyectos que son más complejos y estratégicos, y que requieren un tratamiento distinto. Y donde se requieren las capacidades de los servicios a nivel central, donde en una etapa previa a la concepción central del proyecto, pueda convertirse con los gobiernos regionales y la comunidad para posteriormente entrar a la etapa de evaluación de los impactos ambientales. Un titular puede legítimamente desistir del proyecto en una segunda etapa y disminuir las barreras de entrada al SEIA, porque genera rigidez una iniciativa de inversión que esté plenamente concebido desde el punto de vista ingenieril que entra a su evaluación. Creemos que el titular legítimamente puede modificar un proyecto si tiene observaciones de servicios, el municipio o de la comunidad, desde el punto de vista de sus características y también del lugar de emplazamiento.
¿Cómo se vigilará que no exista una discriminación arbitraria de proyectos?
-La comisión nos señala cinco criterios los que deben verse materializados en un proyecto de ley, que nos permiten caracterizarlos. Lo que sí valoramos de esta propuesta es que hay proyectos que se le pueden poner distintos apelativos, emblemáticos, complejos, estratégicos o que son de gran envergadura al año podrán ser dos a tres proyectos que genera una carga al SEA muy importante y a los servicios regionales una carga muy relevante. Hay que reconocer que ese tipo de proyectos se evalúan a nivel central y que el Estado debe proveer un mecanismo distinto de análisis y de evaluación de ese tipo de proyectos. Es cierto, hay que fijar una frontera de cuál es estratégico y cual no lo es (…) El monto de inversión, magnitud, ingreso como Estudio de Impacto Ambiental, etc, son parte de las tipologías que se ocuparán para catalogar a un proyecto como estratégico. Otra de las características estará relacionada con que provengan de los sectores de energía, minería, industria o grandes obras de infraestructura.
¿Pero hoy están los recursos para que esto ocurra?
-El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ha mostrado flexibilidad y capacidad para desarrollar Proceso de Participación Ciudadana. Por lo tanto, obviamente habría que evaluar y estimar la cantidad de este tipo de procesos que podrían desarrollarse con esta recomendación. No obstante, nosotros como ministerio valoramos positivamente esta propuesta.
¿Tienen cuantificado cuánto cuesta en promedio un Proceso de Participación Ciudadana?
-Eso es relativo, porque depende del proyecto y el lugar de emplazamiento, y la complejidad del proyecto. No obstante esta recomendación animaría una modificación reglamentaria y al presentar la modificación reglamentaria obviamente en ese momento habría que tener la estimación de cuántas declaraciones de impacto ambiental tendrían proceso de participación ambiental.
¿Eso también implicaría un aumento en el presupuesto del Servicio de Evaluación Ambiental?
-Exactamente. Eso iría de la mano a través de una modificación reglamentaria para desarrollar este tipo de procesos de participación ciudadana. En el informe que recibimos no está cuantificado ni estimado el eventual aumento de procesos de participación ciudadana. Ese no fue su objeto. Pero para que nosotros emprendamos el camino para que exista el cambio, creo que es el momento de poder hacer las estimaciones y los supuestos para poder implementar esta reforma. Acá hay una propuesta de reforma, otra cosa es el camino nuestro para materializar las propuestas que nos propone la comisión.
¿Estas propuestas podrían quedar sólo en un saludo a la bandera, si se considera la carga administrativa y legislativa del Gobierno actual?
-No. Si revisas las 25 recomendaciones hay algunas que requerirán cambio legal de la Ley General de Bases del Medio Ambiente; hay otras que necesitan modificaciones reglamentarias como las del D.S 40, pero hay un conjunto de otras que son medidas de gestión, como mejorar la coordinación de cada uno de los servicios que participan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esos cambios no requieren una modificación legal o reglamentario, sino que sólo proponernos y ejecutar una mejor coordinación donde reconocemos que hay un espacio de mejora de la gestión.
¿Con todas las medidas de mejoras en gestión hay una estimación de cuánto podrían reducirse los tiempos de tramitación?
-La baja en los tiempos de tramitación en el sistema, hoy es fundamentalmente una responsabilidad de los titulares. En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los servicios públicos tienen plazos fatales para pronunciarse y para evaluar a diferencia de los titulares que no tienen para responder y pueden suspender la tramitación de proyectos. Por lo tanto, el tiempo efectivo que demora la evaluación de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental depende fundamentalmente del grado de información que contenga su solicitud del titular.
¿El ministro de Hacienda acusó de “lloriqueo” al empresariado que no se siente cómodo con las reformas. Este informe final viene a ser respuesta de aquello?
-La Presidenta constituyó esta comisión asesora presidencial en abril de 2015. Y responde al compromiso del Gobierno de evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que tiene más de 17 años de operación y que obviamente tiene que ponerse al día en los procesos de participación ciudadana. Estas decisiones son más estructurales, porque están en el programa.