(Pulso) “Pronto”, “en el corto plazo” y “lo antes posible”. Esas son las respuestas que han dado esta semana los ministros del comité político para referirse a la fecha que maneja el Gobierno para definir el camino legislativo que se tomará para adecuar la Reforma Laboral a las prevenciones del dictamen del Tribunal Constitucional (TC).
Fuentes de La Moneda que están al tanto de ese proceso, confirmaron que la decisión final podría ser comunicada eventualmente la próxima semana. Esto, porque al interior del Ejecutivo ya se habría acordado la arquitectura y los principios que resguardará la ley corta que adaptará el proyecto a la nueva realidad que impuso el fallo del TC, que declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión automática de beneficios por afiliación.
En ese contexto, una de las principales definiciones apunta a mantener la primacía de los sindicatos sobre los grupos negociadores en el proceso de tutela de derechos colectivos.
“El TC dijo que los grupos negociadores también tenían derecho a negociar, pero no dijo la forma y el procedimiento. Creemos que hay posibilidad de que coexistiendo sindicatos con grupos, los primeros tengan la preeminencia porque son las organizaciones permanentes en la empresa”, afirmó una alta fuente de Gobierno, sobre la base del análisis jurídico que han hecho los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Trabajo respecto a los alcances de la sentencia del Tribunal.
El mismo personero añadió que de ese estudio se concluyó que en el mundo de las relaciones laborales la institución permanente es el sindicato, por lo tanto es el único que puede llegar a acuerdos de largo plazo con los empleadores. “El grupo negociador es transitorio”, dijo.
A partir de esa interpretación trascendió que la ley adecuatoria repondría los pactos de adaptabilidad de jornadas excepcionales de trabajo, horas extras y turno pasivo, con titularidad sindical. También se mantendría que sólo las organizaciones sindicales puedan acordar con la empresa la provisión de servicios mínimos y equipos de emergencia en caso de huelga, y los mecanismos de extensión de beneficios para trabajadores no sindicalizados y por afiliación sindical.
“Las cosas pueden no ser negro, ni blanco, pero hay que entender que para que haya relaciones constructivas dentro de la empresa, el sindicato tiene que tener la preeminencia en la negociación de los trabajadores con el empleador”, sostuvo la fuente.
Precisó que los grupos negociadores van a poder negociar colectivamente en paralelo al sindicato, “pero en temas más de corto alcance o locales”, como los reajustes de remuneraciones y otros bonos económicos.
El informante agregó que las definiciones para la ley corta van en línea con el discurso que dio el miércoles la Presidenta Michelle Bachelet en la entrega del “Premio Manuel Bustos 2015”.
“Nuestra agenda laboral siempre ha buscado ampliar la negociación colectiva y fortalecer los sindicatos, estableciendo, entre otros puntos, la titularidad sindical y la huelga efectiva (…). Para que efectivamente la ley que sea despachada no signifique un retroceso para los trabajadores, en los próximos días vamos a comunicar el curso a seguir, teniendo como objetivo mantener el espíritu del proyecto y que mantenga su coherencia y el equilibrio que hemos buscado entre la productividad de las empresas y los derechos laborales”, dijo la jefa de Estado.
De todos modos, en el Ejecutivo reconocen que los lineamientos de la ley corta, que eventualmente podrían ser anunciados la próxima semana, deberán ser negociados con la oposición para evitar un nuevo reclamo en el TC.
Consultado sobre la Reforma Laboral, ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que “seguimos trabajando” y que si bien hoy en algunos medios de prensa “se daban por sentados algunos caminos, eso no es así. El Gobierno no ha decidido aún cuál es el camino que va a seguir”. Los dichos de Valdés se dieron luego que la titular del Trabajo, Ximena Rincón, anunciara que “ya hay primeras líneas de una ley corta”.