(El Mercurio) Un prolongado debate se produjo ayer en el directorio de Codelco. Esto, porque la administración habría propuesto un plan de continuidad para la división Salvador y un agresivo programa de ahorro que buscaría bajar los costos de caja (C1) de los cerca de US$ 2,4 por libra actuales a US$ 1,8 por libra, una meta desafiante para la división menos rentable de la estatal.

A su vez, se avanzaría en paralelo en el estudio de prefactibilidad del proyecto estructural Rajo Inca, cuyo tamaño y monto de inversión posiblemente se reducirían. El presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, ya ha dicho que este proyecto -donde aún está pendiente el estudio de prefactibilidad- sería «la salvación» de esta división.

Cercanos comentan que para lograr el mencionado ahorro, la minera no pretende ni recortar producción ni despedir a trabajadores, sino que priorizará otros ajustes.

Futuro de Potrerillos

Uno de los temas que se habría tratado durante la jornada de ayer habría sido una eventual reducción de producción de la fundición y refinería Potrerillos, que procesa el mineral de Salvador. Esto, porque es una instalación antigua, cara y poco tecnológica. En Codelco habrían evaluado mandar parte de los ánodos producidos por la fundición a la refinería de Chuquicamata, donde se convertirían en cátodos. Sin embargo, cercanos comentan que esa opción no parece muy viable, al menos en los próximos cinco años, ya que Potrerillos procesa concentrados complejos, mientras la refinería de Chuquicamata trabaja con minerales más limpios. Incluso el presidente del sindicato de supervisores de Salvador y consejero nacional de la Fesuc, Rodrigo González, advierte que en años anteriores ya se habían hecho pruebas en este sentido, que no resultaron. «Hay que considerar el costo de transporte entre Salvador y Calama», añade.

Fuentes de la estatal dicen, sin embargo, que probablemente en un quinquenio podrían tomar la opción de cerrar Potrerillos, dado que no sería rentable modernizarla conforme a la normativa ambiental de emisiones que ya definió el gobierno y que empezará a regir en 2018.

González acusa, eso sí, que formalmente no les han explicado nada a los trabajadores de esa división, pero advierte que un eventual cierre o disminución de producción en Potrerillos hoy encendería las sospechas de que «quieren matar a Salvador de a poco». Expresa que, pese a los altos costos, cerrar la división implicaría un riesgo alto para la minera en el futuro