(Pulso) Casi tres años después de que la sociedad minera Tethyan Copper Company (TCC, que integran Antogasta Minerals y la canadiense Barrick en partes iguales) decidiera llevar ante el Ciadi al gobierno Pakistaní -en el marco de un conflicto por los permisos para desarrollar un proyecto minero-, el proceso entró finalmente a tierra derecha.
Se trata de un caso emblemático, en el que la sociedad minera exige una millonaria indemnización tanto por el desembolso que ha hecho para el desarrollo de la iniciativa como por los perjuicios ocasionados por la decisión, que consideran arbitraria. Ello, luego de que la autoridad nacional y el gobierno de la provincia de Baluchistán retiraran en 2011 las licencias de explotación del proyecto Reko Diq, que estaba en etapas avanzadas, y decidiera materializar el proyecto, que involucraba una inversión cercana a los US$3.300 millones, en conjunto con inversionistas chinos.
El modelo de negocios original consideraba incorporar como socio a la provincia de Baluchistán, que tendría el 25% de Reko Diq, mientras que TCC ostentaría el restante 75%. Aún con ello, la autoridad local echó pie atrás, lo que originó el reclamo de las mineras y el inicio de un proceso en el Ciadi.
A fines de 2010, la estatal china Metallurgical Corporation of China (MCC) hizo una propuesta para levantar Reko Diq a TCC, ofreciendo la construcción de una refinería de cobre, una planta generadora y obras viales, lo que tentó a las autoridades locales que echaron pie atrás en los acuerdos con Barrick y la chilena.
En octubre recién pasado se realizó el último período de alegatos en el tribunal de París, el que a su vez depende del Banco Mundial, instancia en la cual, según comentaron fuentes conocedoras del proceso, las autoridades pakistaníes impugnaron la competencia del Ciadi, señalando que el proceso debía ser visto por la justicia local, situación que debe ser analizada por el tribunal.
Por parte de Antofagasta Minerals viajó una delegación encabezada por el director de la minera, Ramón Jara, y que estuvo compuesta por otros abogados y testigos. Por la defensa, el equipo fue liderado por el primer ministro de Baluchistán, Abdul Malik Baloch.
En el proceso, TCC insistió en que Pakistán debe indemnizar a Barrick y Antofagasta Minerals, aunque no se definió el monto. Éste debe ser cuantificado en una próxima presentación al tribunal dentro de 2015. En cualquier caso, el fallo está programado para mediados de año.
Se rompió la negociación
Junto con ello, TCC dio por terminadas las negociaciones paralelas que se desarrollaron con las autoridades pakistaníes, luego de verificar que la contraparte definida por la autoridad local no contaba con los poderes necesarios como para llevar adelante un proceso de esa magnitud.
Según fuentes de la compañía, se trataba de funcionarios muy poco empoderados, por lo que se hacía inútil negociar y era imposible alcanzar un acuerdo.
Según consta en la Memoria 2013 de Antofagasta plc -la matriz de AMSA, que posee el 50% de TTC- en febrero de 2011 el joint-venture presentó la solicitud para la concesión minera a la autoridad de Baluchistán, que lo rechazó en noviembre de ese mismo año. “TTC está llevando dos arbitrajes internacionales con el fin de proteger sus derechos legales: uno contra el gobierno de Pakistán, ante el Ciadi”, señala el documento.