(La Tercera) Una propuesta país para impulsar la competitividad de la industria minera elaboró, de cara a las elecciones presidenciales, el Consejo Minero -gremio que agrupa a las principales empresas del sector que operan en Chile- en un documento titulado “Minería 2020: Competitividad y Desarrollo”.

El documento, que fue desarrollado durante tres meses, despliega los principales desafíos que el sector enfrenta en la actualidad, indican fuentes cercanas al gremio. Agregan que si bien aún no existe una fecha para ser entregado, el documento busca generar un acercamiento con autoridades, candidatos y el sector político en general.

Energía y agua

El primer problema que se destaca es el alto costo de la energía en Chile, el mayor después del Congo, y explica hasta 20% de los costos totales de producción. Frente a esto se propone la generación de una mayor competencia, a través de la reducción de las barreras de entrada de nuevos actores en generación. También sugiere implementar la independencia de los CDEC -entidades que regulan el correcto funcionamiento del sistema eléctrico-, dar estabilidad en el tiempo a las políticas de fomento de las ERNC y no “desaprovechar” ningún recurso energético.

Junto con ello, propone implementar un ordenamiento territorial para la instalación de centrales y líneas de transmisión, con el fin de facilitar la autorización de proyectos. Otro punto es el del fomento del uso del Gas Natural Licuado (GNL), aprovechando las capacidades ociosas de los terminales y centrales generadoras.

El gremio deja de manifiesto que hay otros problemas relacionados a la energía, como el rechazo de las comunidades a los proyectos de generación y transmisión; la falta de consensos y la necesidad de mejoras regulatorias.

En cuanto a la escasez de agua, junto con pedir una mayor infraestructura, sugiere que se fortalezca la institucionalidad relacionada, concentrando las facultades de administración y fiscalización en la Dirección General de Aguas. También propone que se mejore la información sobre derechos y extracciones del agua, para identificar la extracción ilegal.

Comunidad

Con el fin de enfrentar la frecuente judicialización de proyectos, el sector propone destinar parte de los impuestos que ya pagan las empresas a las comunas, provincias y regiones donde se ubican iniciativas y operaciones. También que los aportes a las comunidades sean aceptados tributariamente como gastos necesarios para producir la renta, ya que en la práctica son necesarios para la instalación de proyectos y su operación.

Manifiesta que es importante consolidar la implementación del convenio 169 -que establece la forma de relacionarse con los pueblos originarios- y establecer una entidad independiente para facilitar la relación entre empresas y grupos de interés externos. Esto, para promover la obtención de la licencia social. También señala que es necesario dar estabilidad a la nueva institucionalidad ambiental.

En cuanto a las solicitudes para disminuir la burocracia, propone más recursos a servicios públicos que entregan permisos y fiscalizan. Asimismo, sugiere la uniformidad de criterios, radicando las autorizaciones en un solo servicio.

Las mineras también buscan que cuando se presenten recursos judiciales o administrativos en contra de las autorizaciones otorgadas, se faculte a la entidad que resuelve el recurso para que permita al inversionista continuar la iniciativa, exigiendo garantías frente a eventuales perjuicios.

En temas de capacitación, propone mayores esfuerzos para alinear la oferta de capacitación laboral con las necesidades. Pide que se permita por ley pactar una distribución de la jornada de trabajo y de los descansos distinta de las estándares, sin que sea necesaria la autorización de la autoridad administrativa. También incorporar a la Dirección del Trabajo al sistema de Alta Dirección Pública, fortaleciendo su autonomía.

Fuente / La Tercera