“El Tribunal determinó venir a ver en el terreno cuáles son los términos en los que se estaría produciendo la conciliación y ver cómo están funcionando las medidas que, hasta ahora, se han ido adoptando en la zona”, explicó su ministro presidente (s) Cristián Delpiano Lira.

Participantes abordaron el rol de esta judicatura especializada en la construcción y consolidación del engranaje medioambiental nacional, especialmente asociado a la revisión de las decisiones de los organismos públicos con competencia en esta materia.

Actividad se llevará a cabo en el marco de la presentación de la Cuenta Pública 2022 y del Anuario 2022 del Segundo Tribunal Ambiental.

Este proyecto transportaría, conduciría y dispondría de 1.000 l/s de agua desalinizada para su venta y distribución a terceros en el área norte de la Región Metropolitana.

La sentencia concluye que la SMA incurrió en ilegalidad al rechazar el programa de cumplimiento (PdC) presentado por Andacollo de Inversiones Ltda., titular de la planta.

En su intervención, la autoridad opinó que el país ha hecho bien en enfatizar el rol que ocupa la justicia ambiental.

Medidas cautelares fueron decretadas en el marco de análisis de cinco reclamaciones presentadas contra el Servicio de Evaluación Ambiental, asociadas a la aprobación ambiental del proyecto minero.

Tras analizar los antecedentes de dos reclamaciones, el Tribunal resolvió acoger tanto la reclamación de una parte de los vecinos y, en segundo lugar; como la acción presentada por el municipio de Putaendo, reconociendo en ellos un interés en las reclamaciones de participación ciudadana.

El Tribunal determinó que la resolución de la SMA no fundamentó debidamente la decisión de archivar la denuncia.