Andrés Romero, secretario ejecutivo del organismo, señaló que los documentos están en consulta pública para recibir las observaciones de todos los interesados.

“Contar con reglamentos técnicos que regulan la actividad de explotación subterránea fortalece la formalización minera y asegura el mejoramiento de las prácticas de trabajo en todo el país”, aseguró el ministro Tomás González.

Procesos están virtualmente congelados: tienen una demora de más de tres años. Por lo mismo, en los próximos días la autoridad presentará un “fast track” a fin de reformar el sistema generado en la administración anterior.

El nuevo protocolo rechazó tramitar el 30% de los proyectos en sus seis meses de vigencia. Con el reglamento antiguo, el 7% de las propuestas quedaban fuera. Expertos acusan excesivo nivel de detalles, falta de definición en consultas y descoordinación.

Este estatuto sería clave para la aprobación de una serie de políticas públicas sectoriales como: planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas.

Según explica la autoridad, las mayores exigencias han elevado los filtros. El número de iniciativas presentadas, en tanto, se redujo fuerte frente a 2013.

La actividad efectuada en Viña del Mar permitió a los asistentes conocer las principales modificaciones del cuerpo normativo.