“Contar con reglamentos técnicos que regulan la actividad de explotación subterránea fortalece la formalización minera y asegura el mejoramiento de las prácticas de trabajo en todo el país”, aseguró el ministro Tomás González.

Procesos están virtualmente congelados: tienen una demora de más de tres años. Por lo mismo, en los próximos días la autoridad presentará un “fast track” a fin de reformar el sistema generado en la administración anterior.

El nuevo protocolo rechazó tramitar el 30% de los proyectos en sus seis meses de vigencia. Con el reglamento antiguo, el 7% de las propuestas quedaban fuera. Expertos acusan excesivo nivel de detalles, falta de definición en consultas y descoordinación.

Este estatuto sería clave para la aprobación de una serie de políticas públicas sectoriales como: planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas.

Según explica la autoridad, las mayores exigencias han elevado los filtros. El número de iniciativas presentadas, en tanto, se redujo fuerte frente a 2013.

La actividad efectuada en Viña del Mar permitió a los asistentes conocer las principales modificaciones del cuerpo normativo.