Para este año se dispondrá de un total de 12 iniciativas formativas, las que se irán dictando, periódicamente, entre los meses de marzo y noviembre.

Se trata de una instancia que tendrá como uno de sus objetivos principales diseñar y ejecutar las acciones pertinentes para la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú, en el marco de la evaluación ambiental.

“Como ministerio no hemos sido notificados formalmente respecto al fallo de la Corte Suprema. Una vez efectuado esto, procederemos a hacer las gestiones que en derecho corresponden”, señalaron desde el Ministerio de Minería ante la decisión del tribunal. 

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario de la autoridad al aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto, al margen de la consulta establecida en la normativa legal vigente.

En caso de no obtener la aprobación de la RCA Complementaria antes del 31 de diciembre de este año, la compañía deberá cesar la extracción de agua desde el acuífero de Lagunillas, dando cumplimiento a lo dispuesto por el primer Tribunal Ambiental.

La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó la acción constitucional por considerar que la recurrente no acreditó afectación de derechos fundamentales de igualdad ante la ley y no discriminación.

Empresa deberá someter nuevamente a evaluación ambiental el proyecto minero.

Acción tiene como objetivo que se anule la resolución que aprobó el Programa de Cumplimiento y se ordene la apertura y continuidad del procedimiento sancionatorio contra la empresa por los tres cargos que se le impusieron.

“En el anteproyecto se han definido 17 áreas de vigilancia, lo que quiere decir, que los parámetros normados serán monitoreados en esas 17 zonas cumpliendo con los valores límites definidos”, indicó Guillermo Ready, seremi del Medio Ambiente.