Un grupo transversal de senadores y senadoras presentó un proyecto que crea un régimen jurídico especial aplicable a los minerales críticos, incluidas las tierras raras.
La propuesta en primer trámite, que estudiará la Comisión de Minería y Energía de la cámara alta, es de autoría de la senadora Paulina Núñez y los senadores José Miguel Calisto, Iván Flores, Gastón Saavedra e Iván Moreira.
La idea es resguardar la continuidad del suministro de estos minerales y ordenar, mediante estándares de gestión, información y trazabilidad, las actividades que integran su cadena de valor, sin alterar el régimen minero vigente.
A modo de contexto, el texto ingresado explica que “el desarrollo tecnológico contemporáneo, la transición energética, la digitalización de los procesos productivos y las exigencias crecientes en materia de defensa, infraestructura crítica y manufactura avanzada han modificado sustantivamente el valor económico y estratégico de ciertos recursos minerales”.
“En ese nuevo escenario, algunos minerales han dejado de ser apreciados únicamente por su condición de insumo extractivo y han pasado a ser comprendidos como elementos cuya disponibilidad continua incide directamente en la estabilidad de cadenas productivas complejas, en la seguridad de suministro de sectores estratégicos y en la capacidad de un país para sostener procesos de innovación, industrialización y autonomía tecnológica”, complementa la moción.
Cuando hablamos de minerales críticos nos referimos al Litio, Cobalto, Níquel y Grafito (esenciales para baterías de iones de litio), Cobre (fundamental para la infraestructura eléctrica, motores y redes de energía renovable), Tierras Raras (críticas para motores de vehículos eléctricos y aerogeneradores), Molibdeno, Renio, Antimonio y Selenio (materiales con alto potencial en Chile) y Silicio, Telurio e Indio (claves para paneles solares).
En el proyecto, se sostiene que se entenderá por minerales críticos aquellos recursos minerales que, atendidas sus características económicas o estratégicas, cumplan copulativamente las siguientes condiciones:
- Ser esenciales para el funcionamiento de sectores estratégicos de la economía o del Estado, tales como energía, infraestructura, tecnología, defensa, electromovilidad, almacenamiento, transmisión o manufactura avanzada.
- Presentar un riesgo significativo de interrupción en su suministro, atendida su concentración geográfica, la concentración de mercado en cualquiera de las etapas de su cadena de valor, la dependencia de importaciones, la ausencia de fuentes alternativas suficientes o cualquier otro factor objetivo que aumente la vulnerabilidad del abastecimiento.
- Carecer de sustitutos técnica o económicamente viables en el corto o mediano plazo, considerando el estado de la tecnología, los costos de reemplazo y la aptitud funcional del sustituto.
La propuesta reconoce que “la discusión actual no versa sólo sobre minería, sino sobre capacidad de procesamiento, dependencia externa, trazabilidad, continuidad operacional y resiliencia frente a interrupciones del mercado. Ese enfoque resulta especialmente pertinente para Chile, cuya tradición minera convive hoy con un marco regulatorio concebido para una lógica predominantemente extractiva, insuficiente para abordar de modo específico las particularidades técnicas, económicas y geopolíticas”.
“Dado que Chile dispone de recursos vinculados a tierras raras y de fuentes secundarias con potencial de aprovechamiento, pero que el estado actual de la regulación minera no se hace cargo adecuadamente de sus particularidades, el proyecto busca establecer un régimen jurídico especial de carácter regulatorio para aquellas actividades que, por recaer sobre minerales críticos, exigen estándares adicionales de gestión, información, trazabilidad y continuidad”, concluye el proyecto.