(El Mercurio) Incertidumbre, sorpresa y decepción causó en figuras simbólicas de la Alianza la confirmación del Presidente Sebastián Piñera de que subirá el impuesto a las empresas y elevará la carga tributaria del país. En La Moneda recibieron a las 17:10 horas del jueves a los parlamentarios oficialistas más involucrados en el debate económico. Continuó así el diálogo necesario para sortear con éxito este trago amargo para varios próceres de la derecha, como el ex ministro Hernán Büchi.
El Gobierno está pronto a convertirse en el jamón del sándwich entre las eminencias renuentes a los cambios y los líderes de la Concertación que buscan una reforma profunda, que recaude a lo menos el equivalente a 3 a 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es, la friolera suma extra de US$7 mil a US$9 mil millones. En 2011, los ingresos tributarios netos -descontadas las devoluciones a los contribuyentes- fueron de US$43 mil millones en un año. En los últimos 10 años, a su turno, el promedio anual de recursos provenientes de los tributos fue de US$29 mil millones, y el aporte se ha triplicado en una década.
Es posible que la brecha entre la propuesta de alza en la carga tributaria del Ejecutivo y las aspiraciones de la oposición sea grande. El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Ernesto Silva, opinó que el tenor de la propuesta del Ejecutivo -más razonable o moderada- tiene una «baja viabilidad política», justo después de reunirse con el Mandatario.
El plato final que preparará el Ministerio de Hacienda incluirá diversos guisos, pero el principal es el alza a los tributos corporativos en tres puntos porcentuales, desde el 17% al 20% en forma permanente. Por un tiempo, ésta fue la tasa con la que se gravó a las firmas para financiar los gastos de la reconstrucción tras el terremoto de 2010.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo a «El Mercurio» que junto con elevarse impuestos, se bajarán otros en una fórmula final que no debería pasar de abril para enviarse como proyecto de ley al Congreso. El Presidente esbozó que se considerarían ajustes a los impuestos a las personas, sin precisar si se trata de rebajas a las rentas del trabajo o a beneficios como un menor tributo a los combustibles.
Por cada punto extra que se suba el impuesto a las empresas, el fisco recaudaría US$300 millones adicionales, estima el consultor privado Michel Jorratt. Es decir, los tres puntos reportarían US$900 millones. Este monto es sólo un componente de la receta final que arrojaría un alza en la carga tributaria.
Para obtener el aporte por cada punto extra de impuesto a las empresas, Jorratt -ex ejecutivo de Impuestos Internos- tomó la serie de estadísticas de las finanzas públicas de la Dirección de Presupuestos. Supuso que se tributa sobre un porcentaje de las utilidades (dos tercios que es el promedio histórico) y obtuvo la proyección por punto extra de alza de las empresas.
Es en el impuesto a las empresas donde se prevé la lucha más dura. El Gobierno lo subirá, pero moderadamente ante el convencimiento de que no es inocuo para el crecimiento económico y así se lo hizo ver a los parlamentarios. La oposición, en cambio, está más llana a elevar la carga de las compañías. «Hasta 25% o 30%», teme el diputado UDI Ernesto Silva.
El impuesto a las corporaciones podría convertir a la renta de personas y empresas en la fuente más significativa de recursos tributarios para el fisco, por encima del IVA. Este cambio de tendencia ya se vislumbró hasta junio de 2011, aunque los datos completos y desglosados para el año pasado no estarán disponibles sino hasta principios del segundo semestre, informan en la Dirección de Presupuestos.
Entre 2001 y 2010, el impuesto a la renta aportó en total en el período US$79 mil millones a las arcas fiscales, de los cuales US$42 mil millones correspondieron a los tributos de las empresas. En el mismo período, el impuesto al valor agregado contribuyó con US$ 102 mil millones.
Evitar tardanzas
En la última reunión con los políticos, el Presidente Sebastián Piñera expuso el buen escenario económico; sin embargo, figuras como el ex ministro de Economía Juan Andrés Fontaine (ver entrevista) estiman que la reforma tributaria es precisamente uno de los nubarrones que se ciernen sobre las expectativas de los inversionistas y empresarios en el futuro inmediato. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José García Ruminot (RN), opina que el Gobierno debe diseñar una estrategia que evite dilatar la discusión de los impuestos, cuya incertidumbre puede paralizar proyectos de inversión.
En el oficialismo plantean que hay senadores opositores que pueden actuar como bisagras o puentes para extender el diálogo con miras a lograr un camino expedito para esta reforma. Uno de ellos es el senador socialista Camilo Escalona, que pese a discursos duros, logra allanarse a acuerdos o votaciones alineadas con la Coalición. Uno de ellos, recuerda una fuente, es el alcanzando en la nominación de integrantes del Consejo de Educación. Escalona asumirá el martes la presidencia del Senado y en una entrevista dada ayer se muestra partidario de «acuerdos eficaces», sin referirse específicamente a la reforma tributaria.
Otro nombre valorado por la Alianza es el de Ricardo Lagos Weber. Consultado por este medio, el senador planteó que no quiere juzgar aún la propuesta del Ejecutivo sin conocer un pronunciamiento oficial. Pero estima que si la reforma tributaria es minúscula para lo que se requiere, el debate tributario va a quedar abierto para las próximas elecciones presidenciales: «Es mejor que el Gobierno haga una reforma tributaria ambiciosa, alejada de las elecciones porque ello sería lo mejor para el país».
¿Cuánto impacta el nuevo trato a la empresa extranjera?
El Presidente Sebastián Piñera también planteó que se renovará la legislación aplicable a las empresas extranjeras y mencionó los convenios de doble tributación y la regulación de los precios de transferencia.
Los convenios para evitar la doble tributación son acuerdos entre países para prevenir que un contribuyente pague impuestos dos veces sobre la misma renta. Desde principios de 2000, Chile ha sido bastante activo en la firma de estos convenios, los que no han incluido a paraísos tributarios.
El mal uso de los precios de transferencia se produce cuando una multinacional compra o vende servicios o bienes entre compañías relacionadas a valores distintos al de mercado, con el objetivo de generar utilidades en países de baja tributación.
El socio de Consultoría Tributaria de Ernst & Young, Osiel González, considera que efectivamente Chile está retrasado en la normativa que regula precios de transferencia. Asevera que ella es más moderna en casi todos los países de América Latina, con la excepción de Bolivia. La normativa desarrollada exige que las firmas entreguen documentación suficiente para garantizar que sus precios de transferencia se ajusten a los valores que se cobrarían entre partes independientes. En este sentido, la modernización de estas regulaciones puede ser vista como una garantía para los contribuyentes.
Pero aunque en Chile esté desactualizado, opina, el hecho de que la reglamentación se haya renovado en casi todas las otras naciones, cierra los espacios para evadir impuestos por la vía de los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque en los otros países cualquier transferencia con Chile debe pasar por una norma más actualizada y exigente, y porque tampoco se trata de que en Chile no exista nada al respecto. De hecho, la norma actual efectivamente exige que los precios cobrados pagados entre empresas relacionadas se ajusten a parámetros de mercado. Se espera que el proyecto de ley del Gobierno incluya la obligación de informar la situación de las compañías respecto a precios de transferencia a través de una declaración jurada, sin que por el momento sea obligatoria la preparación de estudios de precios.
En el caso del cobre, la obligación de informar los precios a Cochilco por parte de los exportadores ha actuado en los hechos como un control frente a este tema.
Así, las mayores distorsiones se producen simplemente por desconocimiento de las normas o de las sanciones, o por la falta de políticas claras de precios de transferencia, que por una intención expresa de evadir impuestos por esta vía. Esto puede ocurrir especialmente en compañías menos sofisticadas o que comienzan con sus procesos de expansión internacional.
Fuente / El Mercurio