Por Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco)
(La Tercera) El Impuesto Específico a la Minería (IEM), más conocido como royalty, fue instaurado en 2005 con una perspectiva de invariabilidad hasta 2017. El gobierno ha decidido incluir una reforma a este impuesto dentro del plan de financiamiento para la reconstrucción después del terremoto del 27 de febrero, que se vota hoy en el Congreso, lo que ha generado un debate político, como es habitual cada vez que surge en la agenda pública el tema de la contribución de la minería al país.
Si existía una decisión política para que la minería aportara recursos a la reconstrucción del país a través de impuestos, la polémica era inevitable. Si bien es entendible la necesidad de recursos para enfrentar la grave emergencia en el país (como ha ocurrido con el aporte que las compañías mineras han realizado directamente en las zonas devastadas del centro-sur de Chile), la existencia de la invariabilidad supone abrir un escenario que va más allá de la emergencia, pues involucra un período que llega a 2025, lo que ha hecho emerger visiones políticas que no consideran suficiente el aporte de la minería y que aspirarían a aumentar la tributación.
Nos enfrentamos, entonces, a un escenario complejo, pues conviven dos ámbitos: la emergencia y el largo plazo. Ante esto, el escenario ideal sería que la actual discusión sobre la modificación al esquema tributario de la minería permitiera despejar o aminorar los cuestionamientos acerca del aporte de la minería, de tal forma de no dejar nuevamente instalada la incertidumbre, principal enemigo de la minería y del país.
¿Cumple la actual propuesta con esta condición? En primer lugar, debe señalarse que la modalidad propuesta para la aplicación del IEM en base a una tasa variable sobre la rentabilidad de la operación es más efectiva que la modalidad actual, como medio para gravar la renta minera. Al mismo tiempo, no presiona los márgenes económicos de las compañías mineras en períodos de precios bajos, los cuales, sin duda, volverán en algunos años más.
En segundo lugar, los cálculos hechos por Cesco utilizando diferentes escenarios de precio del cobre para el período 2010-2025 indican que la recaudación del IEM aumentaría del orden de un 26% respecto de la recaudación que se obtendría si no se modificase el tributo actualmente vigente. Si se considera un precio fijo de US$ 2,5 por libra para el período 2010-2025, la recaudación se incrementa en 9%. En un escenario de precios muy bajos, US$ 1,5 por libra, la recaudación disminuye en un 10%, ya que los costos de operación mineros estarían muy cerca o sobre este nivel en casi todas las compañías.
El terremoto ha traído nuevamente ante nosotros un tema sensible y relevante como es el de la tributación minera. Ya que este debate es una realidad, debiera aprovecharse la ocasión para establecer una tributación con una visión de largo plazo, como es necesario para mantener la estabilidad, base del éxito del país en los últimos años.
Se trata, por lo tanto, de que la sociedad chilena logre encontrar el equilibrio entre la justa retribución por el uso de sus valiosos recursos, con los necesarios incentivos que requiere un negocio de alto riesgo como es el minero. ¿Serán precisamente los US$ 1.500 millones adicionales, que en promedio estimamos generaría el nuevo esquema del IEM en el período 2010-2025, suficientes para alcanzar este equilibrio? ¿Existe este punto de equilibrio en nuestra sociedad o perseguimos vanamente una quimera?
Fuente / La Tercera.