(El Mercurio) La idea de vender la participación del Estado en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal surgió en marzo, precisamente cuando el Gobierno trabajaba en el plan de financiamiento de la reconstrucción posterremoto.
Ocho meses después, los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Economía, Juan Andrés Fontaine, manifestaron que el grueso de los recursos que el Estado obtenga de esta operación se destinará a financiar los proyectos de inversión de empresas estatales como Codelco, Enap, Metro y EFE.
Tanto Larraín como Fontaine integran el Consejo Directivo de Corfo, instancia que se debería reunir la próxima semana para dar el inicio oficial al proceso de venta.
En esa cita se entregará al vicepresidente de la corporación, Hernán Cheyre, un mandato para que el Estado se desprenda de su participación en las señaladas empresas, cuyos porcentajes están valorizados en cerca de US$ 1.600 millones.
El paso siguiente será invitar a distintos bancos de inversión para que realicen sus propuestas sobre cómo realizar el proceso y el cronograma tentativo. Desde el Ejecutivo estiman que la transacción demorará entre seis y nueve meses.
De acuerdo con lo señalado por Fontaine, con el dinero que recaude el fisco se creará un nuevo fondo para capitalizar las empresas públicas, tanto las que maneja la Corfo, como otras.
En materia tarifaria, Larraín aclaró que las personas que acceden a los servicios sanitarios de las cuatro empresas señaladas no experimentarán cambios producto de este proceso.
Otros fines
El remanente de los recursos que el Estado utilice para capitalizar sus empresas, provenientes de la venta de las citadas participaciones, se destinará a fortalecer los programas que la Corfo tiene disponibles para las pymes, como fondos de inversión y de garantías.
Un tercer destino, de acuerdo con Cheyre, son las reformas que impulsa el Gobierno en educación y seguridad ciudadana, entre otros ámbitos.
Además, el ministro de Hacienda aclaró que las ganancias que obtenga el fisco de esta enajenación irán, indirectamente, a favor de la reconstrucción del país. «Si estos recursos son usados para capitalizar empresas que tienen actividades importantes, se liberan fondos que el Estado debería haber aportado para ello; por ende, se está apoyando también la reconstrucción», explicó Larraín.
De acuerdo con fuentes del oficialismo -considerando que se creará un fondo para capitalizar las empresas públicas con los recursos que se obtengan producto de la venta de la participación del Estado en las sanitarias-, una de las opciones que se barajan es que los intereses que se obtengan de este instrumento sean direccionados a la Corfo.
De esta forma, el organismo continuaría recibiendo aportes en forma anual y constante (al igual que los dividendos que percibe hoy de esas empresas) para el financiamiento de sus iniciativas, principalmente las asociadas a inversión en capital humano, anticiparon fuentes relacionadas al proceso.
US$ 1.600 millones
obtendría el Estado con la venta de sus acciones en las sanitarias.
Consejo Corfo
La instancia está presidida por el ministro de Economía e integrada por los titulares de Hacienda, RR.EE., Agricultura y Mideplan.
Reacciones políticas
Cheyre: no hay ninguna razón para que el Estado mantenga esta inversiónVicepresidente ejecutivo de Corfo explica las razones de la decisión.
«Esta decisión no es sorpresiva», señala de entrada el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre. El mercado y el mundo político -dice- conocían que el Gobierno estaba analizando desde marzo la venta de activos prescindibles, entre ellos la participación en las sanitarias Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal.
Por lo mismo, precisa que esta decisión no es una privatización -proceso iniciado durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle-, ya que tiene por objetivo transformar recursos financieros, que hoy forman parte de una inversión financiera pasiva en una empresa privada, en usos de mayor rentabilidad social.
Agrega que cuando se optó por dejar una participación de Corfo en estas empresas en torno a un 35% -piso que fue eliminado durante el gobierno de Ricardo Lagos- era porque la institucionalidad que regulaba la industria no estaba suficientemente madura.
«Hoy el mecanismo de tarificación funciona de forma expedita y transparente. Mientras, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) funciona en plenitud; por lo tanto, no hay ninguna razón para que el Estado tenga que supervigilar a estas empresas a través de la participación accionaria», sentencia.
Los US$ 1.600 millones que se espera obtener con la operación reflejan el valor presente de todos los flujos futuros de los dividendos que recibe Corfo de estas compañías. «Por ende, vamos a obtener por adelantado dineros que de otra forma recibiríamos esporádicamente», asegura Cheyre.
Explica que anualmente la corporación recibe US$ 100 millones por dividendos -lo que representa un 12,5% de su patrimonio-, recursos que dejará de percibir parcialmente, ya que una parte de los dineros de la operación se quedarán en Corfo.
Además, el proceso de reingeniería que ha llevado a cabo la entidad les ha permitido disminuir las necesidades de financiamiento. «Corfo sigue siendo absolutamente sólido para poder llevar adelante los programas que tiene definidos», finaliza.
Argumentos
«La decisión es traspasar parte importante de estos recursos para fortalecer otras empresas estatales. Nada más lejos de esta caricatura que se ha querido formar».
HERNÁN CHEYRE
Vicepdte. ejecutivo Corfo
Impacto en el tipo de cambio
La decisión del Gobierno de poner a la venta su participación en las empresas sanitarias fue bien recibida por el mercado.
En primer lugar, los economistas jefe de Banchile, Rodrigo Aravena, y Bci, Jorge Selaive, coinciden en que la medida permite concretar un compromiso del programa económico de la administración Piñera.
Ambos afirman que el hecho de que el Ejecutivo opte por esta fuente de financiamiento es una señal de la preocupación de las autoridades acerca de la evolución del tipo de cambio.
De hecho, Aravena indica que los recursos que se recaudarían con esta operación (alrededor de US$ 1.600 millones) son incluso menores a las ganancias que ha reportado el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) este año (US$ 1.800 millones a octubre pasado), pero si el Gobierno recurriese a este último instrumento, caería aún más el dólar. Visión que comparte Selaive, quien agrega que otra opción la constituye la emisión de deuda, pero advierte que este camino tendría efecto en las tasas de interés.
Sin embargo, ambos economistas alertan sobre la importancia de que la demanda de este paquete accionario se materialice por parte de inversionistas locales para que las ganancias sean en pesos.
Si la venta -advierten Selaive y Aravena- se realiza con inversionistas extranjeros, entrarán dólares e igual habrá un impacto a la baja en esta moneda.
Por su parte, el presidente de la SNA, Luis Mayol, valora que el Gobierno haya optado por vender su participación en las sanitarias en lugar de recurrir al FEES, pero hace un llamado a estudiar «con mucho cuidado» que efectivamente la fórmula que se escoja no impacte a la baja el tipo de cambio.
Integrantes de Comisión de Hacienda de la Alianza aclaran que privatización la inició Frei.
No sólo los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Economía, Juan Andrés Fontaine, además del vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, fueron ayer categóricos en aclarar que en 1998 el gobierno del Presidente Eduardo Frei inició el proceso de privatización de las empresas sanitarias y que luego durante la administración de Ricardo Lagos se aprobó la eliminación del piso de 35% para hacer posible la venta total o parcial de las acciones del Fisco según fuesen las necesidades de financiamiento y las condiciones de mercado.
Esta misma línea de acción, la siguieron los parlamentarios de Gobierno.
De hecho los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Alianza -Ernesto Silva Méndez (UDI), Javier Macaya (UDI), Nicolás Monckeberg (RN) y Joaquín Godoy (RN)- enfatizaron en este mensaje.
«Esta medida fue planteada por el Gobierno en su programa y es una decisión que le da continuidad a una definición que establecieron las administraciones de la Concertación», sostuvo el diputado Silva Méndez, quien en julio de este año junto a Macaya solicitaron al Gobierno concretar esta medida de financiamiento.
«El Presidente Sebastián Piñera está culminando un proceso que inició la propia Concertación», dijo Monckeberg.
Por su parte, la senadora Evelyn Matthei (UDI) se mantuvo al margen de esta polémica pero aclaró que finalmente a los usuarios «les da lo mismo» si las empresas están en manos del Estado o en las de privados. Además, señaló que: «es más rentable que el Fisco invierta en proyectos más rentables que en tuberías y plantas de tratamiento».
Por su parte, el diputado independiente Miodrag Marinovic también apoyó la venta de la participación del Estado en las sanitarias anunciada por el Gobierno.
«Si hay acciones minoritarias que no permiten ejercer control no se justifica mantener esa participación», sostuvo el parlamentario que integra la Comisión de Hacienda.
Necesidades de las firmas estatales
US$ 17 mil millones suma el proyecto de inversiones que Codelco busca concretar en los próximos cinco años.
US$ 500 millones es lo que espera poder capitalizar de sus utilidades Codelco cada año, para financiar sus inversiones.
US$ 530 millones son los ahorros que busca generar Enap a 2012. La empresa no ha publicado todavía el monto de su plan de inversiones.
US$ 500 millones en infraestructura requiere el plan de expansión de EFE.
US$ 2.400 millones es el costo estimado para construir las líneas 3 y 6 de Metro.
Fuente/El Mercurio