Este miércoles, a través de cadena social, el Presidente José Antonio Kast dio a conocer que en los próximos días se ingresará al Congreso el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el cual contiene más de cuarenta medidas organizadas en torno a cinco ejes.
El primero es la competitividad tributaria.
“Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro.
Nuestro proyecto lo baja gradualmente al veintitrés por ciento, el nivel más competitivo de las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, reintegraremos gradualmente el sistema tributario: el impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación, lo que fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos.
Vamos a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más.
Esta reforma va a beneficiar a ciento cincuenta mil empresas que le dan trabajo a más del cincuenta por ciento del mercado laboral formal y concentran el 90% de la inversión en Chile”.
El segundo eje es el fortalecimiento del empleo formal.
“Proponemos la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones: las empresas que paguen sueldos a los trabajadores más vulnerables, recibirán un crédito de esas remuneraciones contra sus impuestos.
Esto inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo, beneficia a 235 mil pymes que representan el 86% de los beneficiarios de este crédito, y protege a más de 4 millones de trabajadores.
Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja.
Este proyecto es para todos los empleadores: desde el almacén de barrio con un trabajador hasta la empresa con miles de colaboradores.
Todos necesitan lo mismo: un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé certeza para crecer y dar más empleo”.
El tercer eje es la facilitación regulatoria, “para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron noventa por ciento en una década. Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca.
Este proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales. Reduce el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de dos años a seis meses. Limita a seis meses las medidas precautorias que puedan paralizar proyectos ya aprobados.
Y establece que si el Estado revoca una resolución ambiental favorable, tendrá que reembolsar los gastos ya invertidos.
Junto con lo anterior, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas ayuda, junto a otras medidas en vivienda, a recuperar 180 mil empleos en el sector de la construcción, el sector más intensivo en mano de obra que tiene el país”.
El cuarto eje es la certeza jurídica y regulatoria.
“Ningún país atrae inversión sin reglas que se mantengan en el tiempo. Por eso este proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de doce meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del siete por ciento, en el caso de que se mantengan invirtiendo en el país”.
El quinto eje es la contención del gasto público.
“El Estado que gasta mal no puede pedir más a los ciudadanos. Este proyecto triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público, para generar mayor movilidad. Establece medidas concretas para enfrentar los abusos en licencias médicas y entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley.
Gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Y lo haremos, entregando los aportes necesarios para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal.
Finalmente, un compromiso central tiene que ver con la reconstrucción material: los incendios de Valparaíso en el año 2024 y los de Ñuble y Biobío en enero de este año destruyeron miles de hogares. Este proyecto amplía el Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos, incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales, y otorga a la Tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a quienes quedaron sin nada. Las familias que perdieron sus hogares no pueden ni van a seguir esperando”.
