En el marco del II Workshop PerProMin 2026, organizado por B2B Media Group —casa editorial de Revista MINERÍA CHILENA— y la consultora Minería y Medio Ambiente (MyMA), se llevó a cabo el módulo «¿Cómo la industria se adapta al cambio climático?», en el que participó Maritza Jadrijevic, encargada de Política Nacional del Departamento de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, quien abordó los principales desafíos que enfrenta el país para adaptarse a este fenómeno y las herramientas disponibles para avanzar en esa materia.
Al inicio de su presentación, la ejecutiva dio a conocer que el clima en Chile experimentará cambios significativos, destacando una reducción de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas, junto con una mayor frecuencia de sequías prolongadas y olas de calor. Asimismo, advirtió sobre el retroceso glacial, un proceso que se proyecta como irreversible durante cientos de años y que afectará la disponibilidad de recursos hídricos.
En este contexto, Jadrijevic entregó detalles sobre la Ley Marco de Cambio Climático: «Tiene una meta muy clara: alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 y convertir a Chile en un país resiliente, capaz de enfrentar el cambio climático sin pérdidas significativas y con un desarrollo sostenible. Además, establece principios jurídicos e instrumentos de gestión; formaliza parte del trabajo que ya se venía realizando e incorpora una nueva institucionalidad, otorgando competencias a distintos ministerios».
La normativa involucra a 17 ministerios con competencias en materia climática y establece sistemas de información, además de la obligación de incorporar el enfoque de cambio climático tanto en las políticas públicas como en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Asimismo, la ejecutiva enfatizó que el cambio climático se enfrenta desde dos dimensiones: la mitigación, orientada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; y la adaptación, que reconoce que algunos efectos ya son inevitables y, por ello, busca planificar acciones de largo plazo para adecuar la sociedad a las nuevas condiciones climáticas.
Finalmente, presentó los principales instrumentos y herramientas tecnológicas disponibles para apoyar la evaluación ambiental, entre ellos los reportes de mitigación y transparencia climática; los sistemas voluntarios de certificación de huella de carbono, huella hídrica y esfuerzos de adaptación; el Inventario Nacional de Impactos; el Repositorio de Información Científica del Ministerio de Ciencia, y ARCLIM, el Atlas de Riesgo Climático, plataforma lanzada en 2021 que permite a empresas y comunidades explorar escenarios de amenaza climática.
Gestión comunitaria
En el mismo módulo, Javier Celedón, gerente de Asuntos Públicos y Desarrollo Social de Aguas Pacífico, abordó la importancia de la licencia social y de la gestión comunitaria previa al desarrollo de los proyectos. Como ejemplo, relató los desafíos que enfrentó la compañía para construir la planta desalinizadora multipropósito ubicada en Puchuncaví, la cual actualmente se encuentra en etapa de pruebas y cuya inauguración está prevista para octubre próximo.
El proyecto contempla una distribución del recurso hídrico de la siguiente manera: 50% para la minería (Anglo American); 25% para consumo humano, mediante un contrato firmado con Esval en la Región de Valparaíso; 5% para convenios con Servicios Sanitarios Rurales (SSR, antes APR), y el 20% restante para clientes industriales de la Región de Valparaíso.
El ejecutivo destacó que «este es un proyecto de adaptación al cambio climático, que utiliza el 100% de energías renovables, incorpora criterios de eficiencia energética en el diseño del acueducto, permitiendo que el 45% del agua fluya por gravedad; no considera chimeneas, aspecto especialmente relevante para Quintero y Puchuncaví; y utiliza un emisario sin succión con una moderna tecnología de difusión».
Pese a lo anterior, y aun cuando contaban con todos los permisos correspondientes, Celedón reflexionó que la empresa no dimensionó adecuadamente las características sociales del territorio donde se emplazaría el proyecto, lo que derivó en un conflicto que mantuvo paralizadas las obras durante varios meses.
«Es muy importante comprender las dinámicas sociales de los territorios, conocer sus historias y sus traumas. Quintero y Puchuncaví han tenido una historia muy compleja, por lo que es fundamental entender que los actores locales son muy relevantes», sostuvo.
Asimismo, explicó que posteriormente implementaron una serie de medidas junto a las comunidades, entre ellas monitoreos de salinidad y la construcción de una planta de procesamiento pesquero.
Adaptación de la infraestructura
Por su parte, Sebastián Rayo, gerente técnico de JRI Ingeniería, puso énfasis en los impactos y desafíos que el cambio climático representa para la infraestructura minera, centrándose en cómo los eventos climáticos extremos y las modificaciones en los patrones de precipitación afectan la continuidad operacional y la gestión de riesgos.
Rayo identificó tres factores principales de afectación: la ocurrencia de eventos climáticos intensos en períodos breves; el aumento de la elevación de la isoterma 0 °C, y la incorporación de flujos de detritos. Estos fenómenos generan consecuencias sobre la infraestructura minera, especialmente en instalaciones con varios años de operación, debido al incremento de los caudales, la presión que ello ejerce sobre las estructuras existentes y la mayor vulnerabilidad de obras como canales, tranques, concentraductos y botaderos.
En ese contexto, enfatizó la necesidad de implementar medidas de mitigación y adaptación, entre ellas revisar los criterios de diseño, realizar auditorías a la infraestructura existente, fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y reforzar los protocolos de respuesta frente a emergencias.