(Estrategia) Las empresas del Estado no se verán expuestas a la máxima sanción que contempla el proyecto de ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, que el Gobierno comprometió ante la OCDE.
La comisión de Constitución del Senado decidió excluirlas de esa posibilidad, en caso de que sus ejecutivos máximos las involucren en los delitos de cohecho, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que son los tres ilícitos que combate la iniciativa. Asimismo, dejó fuera de esa sanción a las compañías que presten un servicio que se considere indispensable desde la perspectiva social, definición que quedará a discreción del juez que vea la causa.
En ambos casos, sí se le podrán aplicar las otras sanciones del proyecto, como la multa máxima de $700 millones.
El senador Andrés Chadwick (UDI) fundamentó la decisión sobre las empresas públicas, comentando que no es posible imaginar que el país en riesgo de perder Codelco; y en la categoría de empresas privadas indispensables, opinó que se incluye a las sanitarias y eléctricas, pero que no se redactó un listado específico, por la necesidad de que la legislación se adapte a la evolución de los mercados.
Junto a lo anterior, la comisión optó porque la disolución de las demás empresas sólo sea en caso de reincidencia.
El subsecretario de la Presidencia, Edgardo Riveros, señaló que el tiempo de tramitación del proyecto está entro de los plazos para cumplir con los compromisos OCDE.
La comisión mixta encargada de zanjar las discrepancias sobre la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, acordó acoger propuestas del Contralor Ramiro Mendoza, sobre lo que se entenderá como «información sensible» y la Contraloría sería el órgano que lo definiría.
Fuente / Estrategia