En un escenario marcado por el aumento sostenido de proyectos de inversión, la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se ha vuelto una prioridad para el Gobierno.
Cambios normativos, digitalización de procesos y nuevas exigencias frente al cambio climático están redirigiendo al SEA en una hoja de ruta que engloba mayores desafíos hacia la carbono neutralidad el país.
En conversación con MINERÍA CHILENA, Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), relevó el rol de la entidad que, según expresa, evalúa siempre en plazos menores a los que exige la ley, y que las demoras obedecen a las extensiones de tiempo que piden los titulares de proyectos.
¿Cuál ha sido su principal desafío desde que asumió como directora ejecutiva del SEA?
Al asumir nos planteamos como desafío asegurar una evaluación técnica y de excelencia; incorporar la consideración del cambio climático en la evaluación ambiental e implementar progresivamente el Acuerdo de Escazú, todo ello en el marco del cumplimiento de Políticas de Estado expresadas en las recomendaciones de la OCDE, los tratados internacionales ratificados, y en la Ley Marco de Cambio Climático de 2022.
Han existido tres desafíos principales que hemos abordado durante la actual administración con el fin de tener una evaluación de excelencia ante los proyectos de gran magnitud que están ingresando al sistema y el aumento que prevemos. Primero, estamos cerrando un trabajo intenso en modernizar diversos espacios del Servicio para pensar el SEA de los próximos 15 años. Hemos avanzado en la digitalización de procesos que se hacían de forma manual, estamos avanzando en un proyecto de inteligencia artificial que tendrá resultados el segundo semestre y estamos realizando la mayor modernización del e-SEIA, con miras a hacer más eficiente la evaluación ambiental y potenciar su transparencia.
Por otra parte, en el ejercicio de nuestra rectoría técnica, hemos hecho un gran esfuerzo en favor de una mayor certeza técnica y jurídica, para evitar que existan distintos criterios de evaluación entre las regiones y entre los servicios, y que los titulares de proyectos y consultores tengan claridades metodológicas. Con nuestras guías, criterios e instructivos, buscamos tener una cancha rayada claramente para todos los actores, y reducir la judicialización, dada la deferencia técnica que tienen los tribunales cuando existen criterios claros.
Finalmente, es un deber de la institucionalidad ambiental que se cumpla la normativa vigente que ha generado la sociedad a través de los organismos electos en las últimas décadas, pero también lo es, reconocer dificultades en la tramitación y buscar modificarlas. Hicimos una reforma al reglamento del SEA y estamos desarrollando la segunda parte de esa modificación, pero, además, el Gobierno ha presentado iniciativas legales para permisos sectoriales y para modernizar el SEIA.
En los últimos años se ha hablado mucho de modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). ¿Qué avances concretos se han logrado en dicha materia?
Como presidenta de la Red Latinoamericana de Servicios de Evaluación Ambiental durante el año pasado, pude constatar el enorme prestigio internacional que tiene nuestro SEIA, en cuanto a su seriedad y en cuanto a la plataforma moderna de tramitación que es el SEIA electrónico.
Estamos en la puesta en marcha de un sistema de estandarización y digitalización de procesos, con el fin de acelerar la evaluación ambiental y hacerla más transparente. Por ejemplo, hoy, cuando los evaluadores ambientales realizan participaciones ciudadanas, gran parte de la información es entregada de forma manual, por lo que algo tan elemental como traspasar esto al sistema, se realiza de forma manual. A partir de junio, esto se realizará de forma digital.
Además, estamos actualizando el SEIA para facilitar la carga de archivos y la búsqueda de ellos, a lo que se suma un trabajo en materia de inteligencia artificial que estará disponible en los próximos meses con búsquedas en las millones de páginas del SEIA, con el fin de contar antecedentes de forma más rápida. Estamos automatizando procesos que nos permitirán contar las herramientas para hacer más eficiente la evaluación y reducir tiempos. Tenemos la convicción de que las guías y criterios que hemos desarrollado permitirán el ingreso de proyectos más robustos y con mayor certeza jurídica que reduzca los plazos de la evaluación.
Finalmente, hemos avanzado en la capacitación de titulares, evaluadores y la comunidad, porque nuestra convicción es que, con más herramientas y conocimientos, tenemos una evaluación más sólida y rápida. En ese marco, en agosto iniciaremos el primer diplomado sobre evaluación ambiental que impartirá gratuitamente el SEA junto a la Universidad de Chile.
¿Cómo reciben los cuestionamientos del sector privado respecto a la eficiencia y funcionamiento del SEA?
Siempre hay que separar las cosas. Por una parte, estamos en un período electoral, en el que se exacerbarán muchas críticas a la gestión de uno u otro actor del Estado.
Pero por otra, tenemos que ver los datos y el trabajo que hemos realizado como Gobierno. El año pasado ingresaron proyectos por más de 71 mil millones de dólares al SEIA, lo que es una cifra histórica. Sólo dos veces habíamos superado los 70 mil millones de dólares desde 2010. Esto nos indica que somos un país serio, cuyo sistema genera certezas a los inversionistas y que nuestra evaluación ambiental es un activo a nivel mundial. También hemos tenido aprobaciones de proyectos con una velocidad que ha sido destacada por los propios titulares, como son la Línea 9 de Metro y la continuidad de Zaldívar de Antofagasta Minerals.
No desconocemos que existen falencias, de hecho, este Gobierno se ha hecho cargo y ha realizado un arduo en varias líneas: proyectos de ley, modernización de procesos, unificación de criterios. No hemos dejado nada al azar para avanzar en una mejora de nuestro sistema de evaluación.
Revise la entrevista completa a Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), AQUÍ.