(Diario Financiero) Si bien es una de las últimas aristas que se ha constituido en el Caso Cascadas, lo más probable es que sea la primera en llegar a una definición, al menos en la arista penal.
Porque luego de que se conocieran los antecedentes sobre la eventual falsificación de actas de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera -dada a conocer por Diario Financiero-, en las que se tratan las llamadas operaciones Linzor, el Ministerio Público se encuentra a la espera del informe pericial que está realizando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), para lo cual le remitieron las actas hace algunas semanas.
Según abogados de una de las partes involucradas en el caso, lo más probable es que dentro de los próximos días sea remitido el documento a la Fiscalía Centro Norte -donde está radicada la causa-, la que luego deberá determinar si hay méritos para formalizar o no, por este eventual delito.
En caso de que se determine que existió la falsificación de instrumento privado, se debe definir quiénes podrían ser los involucrados, aunque según comentaron abogados conocedores del proceso, «por libro», primero habría que despejar eventuales responsabilidades del abogado de las sociedades -en este caso Sebastián Oddó, quien dejó recientemente el estudio de Raimundo Labarca, quien a su vez renunció a la defensa de Julio Ponce Lerou-; de la abogada que ofició como secretaria de los directorios -Claudia Morales -; y Aldo Motta, gerente general y representante legal de las compañías en cuestión.
En las distintas versiones que existen de estas actas, mientras en algunas no se informa ninguna operación relevante, en otras se deja «constancia» que el directorio tomó conocimiento de transacciones realizadas con acciones SQM-A.
Por otro lado, también existen diferencias en la cantidad de firmas de directores que figuran en los escritos.
Según trascendió, la fiscalía ya contaría con las declaraciones de los eventuales involucrados y sólo está a la espera del estudio de la SVS.
SVS y SII también investigan
El mes pasado la SVS habría iniciado la investigación por falsificación de las actas de directorio de algunas de las llamadas compañías «aguas arriba».
Por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos, encabezado por Michael Jorrat, recibió hace casi dos meses los antecedentes del proceso en lo que se refiere a las operaciones cuestionadas por la Superintendencia y revisa en detalle las sanciones aplicadas a Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial, Patricio Contesse Fica, Aldo Motta, entre otros. Lo anterior con el objetivo de resolver si existe o no algún componente tributario que pueda estar comprometido y que, más adelante, pudiera significar abrir eventuales investigaciones por fraude o evasión de impuestos.
En el caso de la entidad fiscalizadora, el punto a dilucidar se encontraría en la reversión de utilidades que tuvieron que realizar algunas de las sociedades involucradas, luego de que la SVS ordenara dicho proceso, en abril de 2012.
En esa ocasión, el monto a revertir fue de US$ 235 millones de las compañías, lo que puso en una posición financiera debilitada a las compañías.
La SVS aplicó multas a quienes recibieron formulaciones de cargo por la arista Linzor, que suman unos US$ 6,9 millones.
Los multados son Banchile Corredora de Bolsa, Cristián Araya Fernández (quienes presentaron un recurso de reposición ante la SVS); Linzor Asset Management (hoy CHL Asset Management Chile) y su representante legal Canio Corbo Atria.
Importancia del caso Serrano
No sólo quienes se han visto involucrados en el caso Serrano están pendientes de la condena que determinen los tribunales para Tomás Serrano Parot y su socio Jorge Fuenzalida Barraza.
Esto porque según afirman abogados del proceso, la sentencia podría marcar un hito en el mercado financiero, específicamente en lo que se refiere a los «delitos de cuello y corbata», ya que por primera vez se podría aplicar una condena de prisión efectiva para los imputados.
Aunque la Fiscalía pidió quince años de presidio contra Serrano Parot, y once años para Barraza, los acusados arriesgan una condena de once y ocho años, respectivamente, si se accede a lo que pide la Fiscalía y se resta el tiempo que ya han estado en la cárcel.
Serrano y Fuenzalida fueron condenados por uso indebido reiterado de custodias, ocurrido durante de 2009, mientras se desempeñaban en la corredora de bolsa «Raimundo Serrano MacAuliffe».
En casos anteriores, los acusados nunca llegaron a prisión efectiva.