La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo contra la empresa Andex Minerals Chile SpA, titular del proyecto “Exploración Anocarire”, el cual está ubicado en el Cerro Anocarire, comuna de Putre y Camarones, Región de Arica y Parinacota.
Dicha unidad fiscalizable consiste en la realización de plataformas para la ejecución de sondajes exploratorios con el fin de obtener información geológica del sector, y confirmar o descartar la presencia de recursos minerales, su concentración y geometría en el subsuelo. Desde la SMA informaron que los sondajes están próximos con la Reserva Nacional Las Vicuñas, creado a través del D.S. N°29/1983 del Ministerio de Agricultura, de 8 de marzo de 1983.
Junto con ello, explicaron que este caso tiene como origen una serie de denuncias ciudadanas, de la Comunidad Indígena Aymara de Umirpa y de Conaf recibidas por la SMA. En particular, la denuncia de Conaf informa respecto de una afectación de llaretas y queñoas producto de la habilitación de caminos, emplazados dentro del área bajo protección oficial.
Además, existe una sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol 42.563-2021, de fecha 31 de agosto de 2021, que ordenó la paralización del proyecto, mientras no obtenga su autorización ambiental respectiva.
En este sentido, la SMA realizó un requerimiento de información al titular del proyecto en febrero de 2022, con el objetivo de hacer seguimiento al cumplimiento íntegro de lo ordenado en la referida sentencia. Y así, poder determinar el curso de la investigación desarrollada por la SMA en torno a los mismos hechos.
En base a estos antecedentes, la Superintendencia del Medio Ambiente ha formulado un cargo contra la empresa tras constatar que la empresa desarrolló un proyecto consistente en la ejecución de sondajes exploratorios, “próximos” y “en” la Reserva Nacional Las Vicuñas, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental; infracción que fue clasificada como gravísima.
Al respecto, la jefa regional de la SMA de Arica y Parinacota, Tania González, explicó que “la formulación de cargos contra la empresa se sustenta porque a través de los antecedentes revisados es posible constatar que tanto los sondajes como la habilitación de caminos que conlleva este proyecto, que no cuenta con la evaluación ambiental requerida, estarían afectando la flora y fauna del lugar”.
Desde la institución fiscalizadora recordaron que las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) cada una, equivalentes a más de $7.775 millones a valor actual.
La empresa tendrá 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, y 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde su notificación.