(Pulso) Extrañeza y preocupación generó entre los gremios del empresariado nacional, la idea emanada desde la nueva administración de acelerar los plazos de la reforma tributaria.
Esto, luego de que en la edición de ayer de PULSO, fuentes ligadas al proceso confirmaran que la idea es que el proyecto de ley sea enviado al Congreso la segunda quincena de marzo, excluyendo una coordinación previa con académicos y empresarios, ya que el debate se generaría solo desde el Parlamento.
En este sentido, desde el mundo empresarial, si bien reconocen que no existe una obligación del nuevo gobierno por llegar a consensos en esta materia, advierten que es una mala señal la imposibilidad de poder debatir y analizar antes una propuesta que, a su juicio, es inmensamente relevante para el futuro del país.
Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), reconoce que «tenía la sana expectativa de que esto se debatiera antes, porque hicimos un esfuerzo de hacer un estudio del más alto nivel y transversal posible de modo de ser un aporte a la reflexión. Esto nos habría gustado poder compartirlo antes de que se envíe el proyecto al Congreso para evitar eventualmente una discusión muy ácida que pudiera incluso retrasar el dictamiento de la norma».
En esa línea, sostiene que «cuando no hay diálogo, cuando hay desconfianza y no hay apertura para escuchar las sensibilidades de todos, la gente se retrae, no se aventura, no invierte. Me gustaría que se tenga más confianza en los empresarios, que estamos genuinamente con la idea de ser un aporte».
Por su parte, Pedro Corona, Tesorero de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), advierte que «no me parece que esto sea una buena señal para el país. Es mejor que el proyecto sea conocido y que se escuche la opinión de la gente, porque equivocarse es muy fácil y arreglarlo cuesta mucho».
Añade que «entiendo es que con esto se quiere decir que ellos quieren hacer las cosas como les parece, sin escuchar a los demás y eso es muy malo. Al final, es lo mismo que se le criticaba a este gobierno de que manda proyectos de ley sin consensuarlos antes, o sea no tiene sentido».
Con todo, Corona insiste que la reforma puede tener impacto en muchos ámbitos pero especialmente en el empleo y el consumo. «No tiene sentido, desde mi punto de vista, creerse el dueño de la verdad y que no le pregunto a nadie».
En tanto, otras fuentes desde la cúpula empresarial, afirman que se sorprendieron con la notica, considerando que habían muchas expectativas de debatir antes el proyecto, sobre todo por los efectos de segunda vuelta que podría tener la iniciativa.
En ese sentido, comentan que el tema será prioritario en la próxima reunión del comité ejecutivo de la CPC, que se efectuará el próximo martes y que será la primera cita de 2014.
Mientras, desde las Pymes también manifestaron su preocupación.
Juan Araya, vicepresidente de la entidad gremial comenta que «nosotros no conocemos el proyecto y no sabemos qué van a mandar. Sería absolutamente relevante conocerlo antes porque nosotros las Pymes no estamos ni en las cómicas y capaz que en esta reforma quedemos en peores condiciones que los grandes, entonces nos tiene muy preocupados».
Asimismo, precisa que «o hemos tenido ningún contacto con el futuro gobierno, y no queremos que sea una sorpresa. La idea no es necesariamente consensuar algo, pero al menos que nos expliquen lo que quieren y lo que nosotros queremos».