(El Mercurio) Rápidamente, los problemas de Astaldi, que comenzaron hace algunos meses en Italia, se han venido agudizando y extendiendo a otros sitios, incluido Chile. El panorama en Europa pasó de gris a oscuro en agosto, cuando la compañía no pudo vender su participación accionaria en la sociedad dueña del tercer puente sobre el Bósforo, operación que era medular para reforzar sus finanzas, dado que la firma mantiene deudas por cerca de 2.300 millones de euros (cerca de US$ 2.650 millones), lo que la llevó a emprender un proceso de reestructuración de sus pasivos, solicitando en tribunales una reorganización financiera o concordato , cuyo objetivo es mantenerse operativa y seguir cumpliendo los contratos.
En Chile su panorama también se complejizó. Si a mediados de octubre una paralización de trabajadores de la construcción del Hospital Félix Bulnes que la firma lleva a cabo encendió las alarmas, esta semana se desencadenaron dos nuevos eventos. Por un lado, el Ministerio de Salud informó que la deuda de la firma con sus proveedores ya no es de $11 mil millones, sino que llega a $14 mil millones, por lo que la cartera tomó como medida preventiva implementar pagos subrogados, es decir, sujetos a que Astaldi demuestre pagos a los contratistas en la construcción de los tres hospitales en los que la italiana participa: el propio Félix Bulnes (donde además de construir tiene la posterior concesión de servicios no clínicos en alianza con el fondo Meridiam), el Hospital Barros Luco y el de Linares.
Y como si esto fuera poco, se abrió un nuevo frente con Codelco. El lunes tuvieron que presentar dos boletas de garantía por casi US$ 62 millones por los proyectos Nuevo Nivel Mina El Teniente, y por Chuquicamata Subterránea, las que fueron cobradas por la estatal al día siguiente.
El cobro, en rigor, bordea los US$ 50 millones en el caso de Chuqui y supera los US$ 11 millones en el de la iniciativa en El Teniente. Aunque este último es más bajo, es el que más complica a la constructora, pues la obra tiene solo el 5% de avance y quien pagó a Codelco fue el grupo BTG Pactual, que a su vez eventualmente podría exigir el retorno del dinero a Astaldi en cualquier momento y complicar más la situación financiera de la italiana. Distinto es lo que ocurre con los dineros de la boleta de Chuqui que están respaldados por bancos europeos y donde las obras tienen 77% de avance, por lo que hay un remanente de dinero a favor de la compañía italiana que debería ser restituido y que es parte de las conversaciones entre Astaldi y Codelco.
Desde BTG Pactual declinaron referirse al tema. No obstante, conocedores aseguran que la renegociación de contratos con Codelco puede disipar la opción de un cobro anticipado por parte de BTG Pactual.
¿En qué consisten las tratativas entre la italiana y la estatal? En firmar dos nuevos contratos, uno para cada proyecto, y en los cuales Astaldi se encargaría de gestionar a sus casi 2.000 trabajadores en labores estrictas de la construcción y se buscaría una fórmula alternativa para la parte logística, eventualmente un tercero que se hiciera cargo del transporte de estos trabajadores, la alimentación, entre otros.
El resultado de estas negociaciones -que por el grupo Astaldi encabeza Corrado Fabbri, máximo ejecutivo para Latinoamérica, y por Codelco un grupo de ejecutivos que dependen de Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco- es esencial para el futuro de la compañía italiana en Chile. Y no solo por el lado financiero, sino también por las posibles aristas legales que podría abrir el cobro de las boletas de garantías. Un experto asegura que este se hizo sin que existiera un incumplimiento de contrato por parte de Astaldi. Sin embargo, Codelco se habría amparado en un acápite de «riesgo de insolvencia» existente en los contratos. Como sea, el mismo experto asegura que el tema es perfectamente debatible en tribunales.
El cobro de estos documentos fue una decisión del propio directorio de la estatal, buscando blindarse de una eventual situación más compleja de la constructora italiana, que culminara en un hipotético cese de pagos, considerando la Ley de Sociedades Anónimas que plantea que los directores pueden responder con su propio patrimonio en caso de perjuicios.
Las negociaciones que se desarrollaron en la semana en las dependencias de Codelco en calle Teatinos continuarán esta semana.
No levantarán créditos en Chile
Cercanos a la italiana aseguran que el plan es seguir convenciendo al mercado local de que con los flujos de caja, producto de sus operaciones en Chile, es más que suficiente para hacer frente a sus deudas, y descartan levantar deuda en la banca local. «Al cierre de 2018, la facturación de las operaciones de Astaldi en Chile superará los $323 mil millones y la deuda total, vencida y por vencer en los próximos 120 días, es equivalente a menos de un mes de facturación», detalló la semana pasada Astaldi a «El Mercurio».
La compañía participa en ocho obras en Chile, tres de ellas bajo la modalidad de licitación: el Hospital Félix Bulnes, el embalse La Punilla y el Aeropuerto de Santiago operado por Nuevo Pudahuel. En este último, en dos sociedades, en la que maneja la concesión del terminal -en la cual Astaldi Concessioni tiene 15% de participación y además integran el grupo de Aeropuertos de París (45%) y Vinci Airports (40%)-, y en la construcción de las obras del aeropuerto, sociedad que la constructora Astaldi comparte con Vinci Construction Grands Project.
Desde la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) indican que la concesionaria Astaldi «ha informado los avances para regularizar los pagos a los proveedores. El 15 de noviembre se pretende establecer un plan general de pagos». Agregan que están atentos «a cualquier situación que amerite tomar medidas adicionales».
A diferencia de Codelco, el MOP no podría cobrar las boletas de garantía de las concesiones en las que participa Astaldi, argumentando riesgo de insolvencia. «Los contratos de concesión solo contemplan el cobro de garantías ante ciertos incumplimientos. No conocemos los términos precisos del contrato de Codelco, pero su naturaleza jurídica es distinta a la de los contratos de concesión, en que, salvo el IVA, el concesionario no recibe pagos del fisco mientras no termina completamente la obra», señalan en la DGC.