(La Tercera) Están a más de 500 metros bajo tierra, soportando una humedad del 80% y una temperatura de 16 grados. Pero a diferencia de los 33 mineros atrapados en Chile, ellos decidieron encerrarse por su propia voluntad. Se trata de un grupo de 66 mineros carboníferos españoles que ayer cumplió una semana en el interior de dos yacimientos, en las provincias de Palencia y León (norte del país), para exigir el pago de los sueldos que les adeudan sus empresas y protestar por la crítica situación que atraviesa el sector. Un caso que ha generado varias comparaciones con el de los mineros chilenos.
«No podíamos afrontar otro mes sin saber si lo íbamos a cobrar o no y tampoco nos podíamos ir a casa a cruzarnos de brazos», explica Eleuterio Hartos, erigido en portavoz de los 52 mineros de la Unión Minera del Norte (Uminsa) que se encerraron, de forma indefinida, en el pozo Las Cuevas, en Velilla del Río, el único que mantiene abierto esta empresa en Palencia.
Otros 14 mineros permanecen encerrados en el Pozo Casares, que la empresa Alto Bierzo tiene en la localidad de Tremor de Arriba, en la provincia de León. Ellos anunciaron que no abandonarán el lugar hasta que no cobren los dos meses de sueldo que les adeuda el Grupo Viloria, para el que laboran. «Los trabajadores se encuentran encerrados en condiciones muy duras. Varios de ellos están recibiendo medicación. Algunos están resfriados y otros tienen bronquitis o padecen de los huesos», señaló a BBC Mundo Carlos Mesa, secretario comarcal de la Unión General de los Trabajadores.
Pese a las comparaciones, Mesa descartó que la protesta de los mineros españoles busque aprovecharse de la sensibilidad internacional que ha despertado el caso de sus pares chilenos. Según el sindicalista, el encierro es una forma de presión «habitual» en la minería y desde marzo, tuvieron lugar varios en España.
La extracción de carbón en ese país se ve afectada por una larga crisis. Las centrales termoeléctricas están paradas desde marzo de 2009 y, desde julio del año pasado, no compran carbón, destaca el diario El Mundo. El gobierno empezó entonces a adquirirlo a través de la empresa Hunosa, para paliar el problema mediante un «almacenamiento estratégico temporal». Pero también ordenó paralizar las operaciones en marzo, que se retomaron 15 días en agosto.
El objetivo de la protesta, sostiene Mesa, es forzar el cumplimiento de un decreto que propicia el consumo del carbón nacional y que «el gobierno deje de poner parches a una situación que ya es insostenible». El Ministerio de Industria programó una reunión con sindicatos y empresarios del sector para el 15 de septiembre.
Fuente / La Tercera